El presidente de la UD Las Palmas, condenado a tres años y un día de prisión

EFE / T. FUMERO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Audiencia de Las Palmas confirmó la sentencia de tres años y un día de cárcel dictada por un delito contra la ordenación del territorio contra el presidente del grupo empresarial canario Ralons y del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La pena, que fue emitida en mayo de 2010 por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, por unas obras que efectuó Ramírez en una propiedad suya contraviniendo la Ley de Espacios Naturales de Canarias, fue ratificada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en una sentencia por la que desestima la apelación que presentó en su momento y que se hizo pública ayer.

La sentencia, contra la que “no cabe recurso alguno” -según recoge la propia resolución- impone además a Ramírez la obligación de hacerse cargo de “la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas” y lo inhabilita para ejercer oficios relacionados con la construcción durante un período de tres años.

Fuentes jurídicas afirman que Ramírez debe ingresar en prisión debido a que la pena impuesta supera los dos años y un día de prisión, aunque el propio empresario ya anunció su intención de solicitar el amparo del Tribunal Constitucional y de pedir la suspensión de la condena.

En la sentencia, se señala que el acusado cometió una “grave conculcación de la normativa reguladora de la ordenación del territorio, mediante la ejecución de una serie de cuantiosas obras que no resultan autorizables”.

La Audiencia señala que las obras por las que fue condenado Ramírez “han provocado un perjuicio constatado a la flora de un espacio natural protegido, además de la alteración de su configuración preexistente”.

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A expensas del Constitucional

La sentencia dictada contra Ramírez lleva aparejada su ingreso en prisión desde que se proceda a la ejecución de la misma. Sólo la intervención del Tribunal Constitucional puede evitar que este poderoso empresario grancanario acabe en Salto de Negro… salvo ese recurso a la desesperada que supone su anunciada solicitud de amparo a dicho tribunal. Aunque la viabilidad de esta fórmula está muy restringida en la actualidad para evitar que los altos tribunales se conviertan en nuevas instancias, el voto particular disconforme que se incluye en la sentencia de la Audiencia es el salvavidas que resta a este naufragio jurídico.

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