Una comisión externa reconvertirá la administración canaria
Paulino Rivero se reunió con las ejecutivas de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). | EFE
EFE | Santa Cruz de Tenerife
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció este lunes que el Ejecutivo pondrá en marcha una comisión formada por expertos y una empresa externa que será la encargada de estudiar propuestas para la “reconversión” de la administración canaria en sus tres niveles, autonómico, insular y local.
La comisión tendrá que aportar cada tres meses propuestas concretas que el Gobierno analizará para, en su caso tomar las medidas oportunas, según el plan de trabajo que presentó este lunes Rivero en una reunión con los representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Rivero no detalló la composición de esta comisión, que se concretará a lo largo de este mes, pero señaló que contará con participación de las universidades, de “alguna empresa externa” y de expertos cualificados, entre ellos alguno a propuesta de la Fecai y de la Fecam.
Las dificultades financieras de las administraciones públicas han llevado al Gobierno de Canarias a situar la “reconversión” de la administración como eje estratégico de la legislatura, y esta comisión será la encargada de aportar cada tres meses posibles actuaciones, en lugar de esperar a un informe final al cabo de dos años.
La comisión, indicó el presidente canario, analizará si hay duplicidades, si hay que redistribuir y ajustar competencias entre las administraciones, si la financiación es la adecuada y si hay que insularizar y mancomunar servicios.
Se trata de “revisar globalmente la arquitectura de la administración canaria para reconvertirla, modernizarla, hacerla más competitiva y ajustarla a los nuevos tiempos”, afirmó Paulino Rivero.
En esa revisión administrativa, en opinión de Rivero, no caben supresiones de administraciones, en el caso de los cabildos porque no son asimilables a las diputaciones provinciales al ser los gobiernos de las islas.
Tampoco está sobre la mesa la supresión de ninguno de los 88 ayuntamientos, porque en la islas no proliferan los municipios de pocos cientos de habitantes como ocurre en la penÃnsula.
“Los 88 municipios canarios tienen razón de ser”, dijo Rivero, para quien hay que tomar otras medidas prioritarias antes de plantearse cuestiones como la supresión de ayuntamientos, lo que generarÃa “conflictos intermunicipales” innecesarios.
Admitió que la reconversión de las administraciones canarias conllevará “ajustes”, pero si se hace de forma global se pueden encontrar fórmulas “imaginativas” de movilidad entre los empleados públicos.
Rivero quitó importancia al posible coste de la comisión externa (“costará lo que costará”), porque se hace precisamente para buscar ahorro en el gasto que permita mantener los servicios públicos.
Frente a la posibilidad de que la comisión se creara en el seno de la propia administración pública, Rivero explicó que “si se quiere hacer un planteamiento serio, como es la reconversión de la administración, hay que poner los medios necesarios”.
“He entendido que la mejor manera de trabajar es un grupo de trabajo mixto”, donde hay funcionarios y apoyo administrativo del Ejecutivo, pero también expertos y “un polo tractor”, que es una empresa externa “que garantice que cada tres meses hay propuestas concretas que elevar al Gobierno para que tome decisiones”.
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Rivero condiciona el acuerdo con la Fecai y la Fecam a mantener servicios esenciales
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, mostró hoy su máxima disposición a que cabildos y ayuntamientos puedan diferir la devolución del dinero de más adelantado por la Comunidad Autónoma por la recaudación del REF, pero siempre que la sanidad, la educación y los servicios sociales queden garantizados.
Rivero se reunió con representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), quienes expusieron que si se ven obligados a devolver lo que adeudan a las administraciones central y autonómica por el exceso de ingresos adelantados en ejercicios anteriores tendrán que dejar de prestar determinados servicios a partir de los presupuestos de 2012.
El presidente del Gobierno y los representantes de las corporaciones insulares y locales acordaron seguir hablando de un posible aplazamiento del pago en una nueva reunión el viernes, presidida por el Consejero de EconomÃa y Hacienda, Javier González Ortiz.
En esa reunión se verá la capacidad y las posibilidades del Gobierno de Canarias para que se difiera el pago, ante lo cual la disposición del Ejecutivo es “total”, adelantó Paulino Rivero.
No obstante, Rivero dejó claro que el primer objetivo y la principal responsabilidad del Gobierno canario es garantizar la prestación de la educación, la sanidad, los servicios sociales y las ayudas al transporte, algo que va a “priorizar” sobre cualquier cuestión.
“A partir de ahÃ, todo lo que demás podamos hacer, lo haremos”, pero no se dejarán de prestar servicios que “significan igualdad de oportunidades para todos los canarios por atender competencias que no son estrictamente las que le corresponden al Gobierno de Canarias”.
Paulino Rivero dijo que los ayuntamientos y cabildos tienen dificultades financieras, pero también la Comunidad Autónoma y el Estado, y por tanto hay que ser positivos y constructivos y “trabajar conjuntamente” para encontrar fórmulas favorables que no afecten a los servicios básicos que presta la Comunidad Autónoma.
El presidente de turno de la Fecai, Alpidio Armas, declaró que de tener que hacer frente a los anticipos que tienen que devolver los cabildos, 111 millones de euros, los recortes presupuestarios en 2012 sólo por ese concepto serÃa de entre un 3 y un 10 por ciento, según los casos.
Asà serÃa muy difÃcil atender los compromisos y el escenario en 2012 serÃa muy duro, porque algunos servicios públicos no se podrÃan atender, advirtió.
Valoró la voluntad de todas las administraciones para buscar un entendimiento, y en esa misma lÃnea, el presidente de la Fecam, Manuel Ramos Plasencia, mostró su optimismo ante el interés del Gobierno de Canarias por encontrar una solución.
Si no hubiera acuerdo, los ayuntamientos podrÃan verse obligados a dejar de prestar servicios que facilitan pese a no ser de su competencia, advirtió.
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