La Seguridad Social reclama 470.000 euros a la Consejería de Educación

Imagen de archivo de un aula en Canarias. | DA

ÁNGELES RIOBO | Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se enfrenta al pago de 470.000 euros a la Seguridad Social en concepto de pago de cuotas y multa por la supuesta contratación irregular como profesionales por cuenta ajena a 133 auxiliares de conversación de lengua inglesa de centros escolares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, desde el año 2008 hasta el 2010. Según esta resolución, la Seguridad Social debe reembolsar, a los auxiliares afectados por la misma, las cuotas abonadas.

El nuevo equipo entrante se ha topado de lleno con esta demanda, que la propia viceconsejera de Educación, Manuela Armas, ha descrito a DIARIO DE AVISOS como una “papa caliente” con la que se encontraron a su llegada al Ejecutivo. Los servicios jurídicos de la Consejería ya han recurrido la resolución de la Seguridad Social, por considerar que la condición de trabajadores autónomos es perfectamente aplicable para la función de los auxiliares de conversación.

El proyecto de Auxiliares de Conversación de Inglés: una experiencia de inmersión lingüística y cultural, fue promovido por la entonces Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias desde el curso 2001-2002, como apoyo a otras iniciativas europeas. Según la propia Consejería, “desde entonces este programa ha servido para mejorar la competencia lingüística y cultural del alumnado de aquellos centros que disponen de ese recurso y, también, del profesorado”. Este proyecto fue galardonado en el año 2006 con el sello europeo a la innovación educativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

En los documentos de la entonces Consejería de Educación, se recogía la figura del auxiliar de conversación como “un profesional autónomo que presta sus servicios en los centros como apoyo al profesorado del área de Inglés”, tal y como eran considerados a efectos administrativos.

Sin embargo, y según esta sentencia, la Consejería de Educación debió contratar por cuenta ajena a los auxiliares de conversación, cuya mayor parte de sus ingresos provenía del desarrollo de esta función en los centros escolares de la provincia. Sin embargo, eran los propios auxiliares quienes se pagaban sus cuotas de la Seguridad Social por estar contratados en calidad de autónomos.

Manuela Armas, quien deja claro que no han sido los auxiliares quienes han denunciado por considerar su régimen laboral como adecuado, afirma que “tenemos que regular eso de alguna manera, pues se trata de un programa importante en los centros. Pero, de momento, queda congelado hasta que se encuentre la manera de que no cause un perjuicio a la Administración”, apunta. Cabe destacar que en Canarias coexiste el Programa de Auxiliares de Conversación de Inglés: una experiencia de inmersión lingüística y cultural, con el Programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España del Ministerio de Educación.

En este caso, los auxiliares adscritos al programa del Ministerio son considerados a efectos legales como becarios. El personal no supera las 12 horas lectivas a la semana recibiendo una cantidad mensual de 700 euros en concepto de ayuda, y están exentos, por tanto, de obligaciones fiscales. Mientras que los auxiliares de conversación del Gobierno de Canarias realizaban su actividad en Educación Primaria, los auxiliares del Ministerio lo hacen en Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.