TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“Están destruyendo los planes de futuro de muchas familias porque han cambiado las reglas en medio del juego. Sólo en Canarias somos unos 2.000 afectados, así que estamos dispuestos a luchar por lo que consideramos justo”. Con esta rotundidad se expresaba ayer Jacobo Medina, uno de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna que, al igual que muchos de sus compañeros por toda España, resulta claramente perjudicado por la ley que regula el acceso al ejercicio de la Abogacía, que entra en vigor hoy tras cinco años de haber sido aprobada.

Medina explica que la injusticia contra la que se rebelan es que la nueva ley no tiene en cuenta a las tres promociones que aún restan del antiguo plan de estudios, y que ahora ven como, para poder ejercer su profesión, están obligados a superar un examen estatal y una suerte de máster de dos años de duración. “Soy de Lanzarote y éste era mi último año antes de empezar a trabajar. Pero con la nueva ley me encuentro con tres años más en los que no podré ingresar ni un euro. Y como yo, unos mil compañeros en La Laguna y otros tantos de la Universidad de Las Palmas. Imagínate en toda España…”.

La controvertida norma, dictada en tiempos de Juan Fernando López Aguilar como ministro de Justicia, entra hoy en vigor tras cinco años de vacatio legis y con el respaldo de los colegios de abogados. “Y de los despachos profesionales también, que están muy interesados en quitarse competencia y encima no pagarán las prácticas”, apostilla Roberto Alonso, otro de los estudiantes afectados.

Igualdad, competencia…

“Somos juristas, y está claro que esta norma no se ajusta a Derecho”, destaca Alonso, que recuerda que un informe de la Comisión Nacional de Competencia ha informado de forma desfavorable a la nueva normativa.

“Nosotros entendemos que hasta incumple un principio tan básico como el de la igualdad, porque los que se licencien a partir de ahora no podrán colegiarse como sí podrán hacer los que han tenido mismo plan de estudios, mismos profesores, mismas aulas, mismo sistema de evaluación…”, recalca el estudiante universitario.

Alonso incluso destaca la incongruencia de comparar la España de hace un lustro, cuando se aprobó la ley, con la de ahora en que entra en vigor.

“Todos sabemos que la situación es radicalmente diferente, por lo que la norma no puede ser igual”.

Eso sí, los estudiantes de toda España han unido fuerzas y han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. “Lo más penoso es que el abogado del Estado nos ha pedido una fianza millonaria…”

De la toma simbólica del Colegio tinerfeño a las cartas con los políticos

Tras la protesta del pasado viernes en el colegio de abogados provincial, los estudiantes mantienen un calendario de actos entre los que destacan contactos con los candidatos a las próximas elecciones generales.

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LEY 34/2006

Materia: sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales

Entrada en vigor: 31 octubre 2011

Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el de procurador quienes se encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya, y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la formación especializada y la evaluación regulada en la ley.

En la práctica, la ley obliga a que los que terminen la carrera superen unos cursos de formación de casi dos años de duración que incluyen prácticas no retribuidas, así como un examen estatal.

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