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1.100 nuevas altas en los últimos tres meses para las prestaciones económicas a personas dependientes

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

“En los tres últimos meses se han incorporado más de 1.100 nuevas altas a las prestaciones dentro del marco de la Ley de Dependencia. En septiembre fueron 384 y en la del mes de octubre más de 400 nuevas altas”, aseguró este lunes en sede parlamentaria la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en respuesta a la pregunta sobre el abono de las prestaciones a las que tienen derecho las personas en situación de dependencia.

“Estas personas se suman a las más de 7.100 personas que ya estaban recibiendo alguna prestación económica, por lo que, en estos momentos, casi 8.000 personas son beneficiarias de prestaciones económicas vinculadas al cuidado en el entorno familiar o vinculadas a la recepción de servicios en residencia o en centro de día”, aclaró Rojas.

“Hay que recordar que nuestra Comunidad ya atendía a unas 36.000 personas dependientes a las que ahora hay que sumar las que incorpora la nueva Ley de Dependencia, que en la actualidad, son 13.788″, indicó.

“Es decir, en Canarias algo más de 49.000 personas en situación de dependencia son beneficiaria de algún tipo de recurso residencial, servicio de atención en centro de día, prestación económica en el cuidado del entorno familiar, prestación económica vinculada al servicio residencial o centro de día, o promoción de autonomía personal”, informó.

“Desde siempre la nómina de prestaciones económicas por razón de dependencia se cierra el 20 del mes de la propia nómina, con lo cual los destinatarios saben que cobran todos los meses sobre el día 22 o 23 del mes en curso”,

“Esto es debido a que se van incorporando los expedientes que están a punto de ser grabados en el aplicativo informático porque se ha finalizado el procedimiento administrativo”, aclaró Rojas.

Además, la consejera de Políticas Sociales recordó que “las personas en situación de dependencia tienen derecho a una prestación de Servicios que reciben no sólo desde que tienen el derecho subjetivo a dicha prestación sino incluso antes, en el marco del Sistema Canario de la Dependencia”.

La prestación económica, una excepción reconocida en la Ley

“Excepcionalmente ¿señaló Rojas- pueden recibir una prestación económica, pero no todas las prestaciones son económicas, ni son abonos mensuales. Esto es importante para no desvirtuar la ley, y es importante que desde las instituciones públicas insistamos en ello, para ser honrados con las personas beneficiarias”, enfatizó.

En cuanto a lo que es la tramitación para la prestación económica, aclaró Rojas, que se determina en base al nivel de renta, patrimonio y prestaciones sociales públicas además de su grado, y generando la propuesta económica correspondiente.

La consejera explicó, además en sesión parlamentaria, el procedimiento que sigue la tramitación económica de las Prestaciones para cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional, así como las Prestaciones Vinculadas al Servicio y de Asistencia personal, en el marco de la Ley 39/2006.

En primer lugar, la revisión y grabación del Expediente una vez se ha aprobado el Programa Individual de Atención que determina que tiene derecho a una prestación económica, procediendo a su ordenación de los mismos por número de entrada en registro de la solicitud.

Seguidamente se solicita de oficio, tanto por vía telemática o por colaboración entre las administraciones públicas, los informes económicos necesarios para determinar la capacidad económica del solicitante. Las administraciones son la Seguridad Social, la agencia tributaria, el catastro, las Mutualidades etc.

Al mismo tiempo, se requiere al beneficiario o a su representante legal de información complementaria de carácter económico, así como de la cuenta corriente para proceder al abono en su caso, de la prestación que le corresponda.

Una vez en poder del Expediente con toda la documentación, se revisa con especial interés la lectura de Informe social, Trámite de consulta y Propuesta Pía, así como la Resolución de grado y Nivel.

A continuación se graba la totalidad del expediente en el soporte informático, se escanea la información económica y se sube al sistema la documentación aportada y generada durante el procedimiento.

Por último se calcula la capacidad económica del solicitante en base a su nivel de renta, patrimonio y prestaciones sociales públicas, lo que requiere llevar a cabo un estudio económico.

En atención a su grado y nivel, se determina la cuantía de la prestación que le corresponde generando la propuesta económica correspondiente, que tiene que ser revisada en todos sus términos y se traspasa a la nómina.