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C’est la vie > Mario Santana

Liliane Bettencourt ha sido incapacitada. La heredera del imperio L’Oreal a la que se atribuye una fortuna de 23.500 millones de euros, millón arriba millón abajo, ya no podrá comprar ni el pan. La historia comienza hace aproximadamente cuatro años, cuando a la muerte del esposo de Liliane, su hija Françoise pidió ante un juez la incapacitación de su madre por entender que sus facultades mentales se encontraban mermadas.

Pero existe un contexto de ineludible observancia si tenemos en cuenta que el ministro de Trabajo hasta 2010, Eric Woerth, dimitió ante el escándalo de las donaciones realizadas por Liliane para evitar la persecución de un posible fraude fiscal, aportando incluso “posibles” a la campaña electoral del presidente Sarkozy. Presuntamente, claro está. Por supuesto tenemos la intervención de un abogado, Pascal Wilhelm, al parecer consejero de una empresa en la que hace pocos meses la millonaria invirtió 170 millones de euros.

Y es que donde hay tamañas transacciones no puede faltar un Letrado, obviamente para aconsejar y asesorar. Como guinda adornando el pastel está el jovencísimo François-Marie Barnier, de profesión fotógrafo según currículum, y de vocación artista y amigo de Liliane. Esta última de 88 años, muy bien llevados por cierto. El joven artista, que sin duda lo es y mucho, se ha visto beneficiado por regalos de su madura amiga que superan los mil millones de euros.

Estoy seguro de que su buena educación siempre le obligó a rechazar los regalos, cediendo finalmente ante la insistencia y “para no hacer un feo”. Incluso el mayordomo grabó “sin querer” las conversaciones de la millonaria con sus asesores, de las que se desprenden unas cuentas en Suiza ignoradas por el fisco galo, que provocaron la dimisión ministerial antes referida.

No sé si Liliane Bettencourt tiene o no mermadas sus facultades mentales, pero sin duda ha estado sometida a unas influencias que son para deschavetar a cualquiera. Lo cierto es que un juez la ha declarado incapaz.

En España las causas por las que se puede incapacitar a una persona, sea o no millonaria, vienen reguladas en el artículo 200 del Código Civil (CC): “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por si misma”, y desde luego esta declaración debe hacerse por sentencia judicial (artículo 199 CC).

En cuanto a la forma en que se desarrolla el proceso desde que una persona decide que debe incapacitar a otra hasta que finalmente logra su objetivo, viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), debiendo plantearse la solicitud ante el juez del domicilio del presunto incapaz (artículo 756), pudiendo hacer la solicitud sus familiares y el Ministerio Fiscal (artículo 757).

Es este un claro ejemplo de que la función del fiscal no solo consiste en acusar a la gente tal y como mayoritariamente se nos muestra en la filmografía americana, sino que por el contrario tiene importantísimas y variadas funciones en el engranaje de la Administración de Justicia, desconocidas en su gran mayoría e infrautilizadas por los ciudadanos directamente. Pero ese será otro artículo. Volviendo con la incapacitación, el presunto incapaz puede comparecer en el juicio defendido por su abogado, y obviamente oponiéndose a que se le declare incapaz (artículo 758). Sea como fuere, haya o no oposición a la declaración de incapacidad, en principio el juez viene obligado “a no creerse nada”, debiendo escuchar a los parientes más próximos sobre las causas de incapacidad alegadas, y examinar por si mismo a la persona a incapacitar.

Sin embargo la prueba determinante será la pericial, imponiendo al juez el artículo 759 que “nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por el tribunal”; y ello con independencia de los informes médicos que el solicitante de la incapacidad deberá aportar inicialmente, por lo que el juez tendrá a la vista, además de otras pruebas, al menos dos informes médicos sobre las posibles causas de incapacidad. Estos controles sin duda son lógicos y necesarios en atención a las posibles consecuencias: que la mujer propietaria de la tercera fortuna de Francia no disponga ni para el pan. C’est la vie.

Mario Santana es Letrado abogado@mariosantana.es