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Canarias, foco para el blanqueo de capitales de las mafias

   

El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza, y la fiscal delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Palmas, Evangelina Ríos, inauguraron en Las Palmas de Gran Canaria las II Jornadas de Delincuencia y Blanqueo de Capitales. | DA

EFE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de 200 mafias operan en España, según calcula la Policía, y Canarias figura entre los focos de atracción para este tipo de organizaciones criminales, junto a la Costa del Sol, Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz, ha indicado hoy el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza.

El magistrado desconoce cuántas pueden operar en las islas, donde el pasado día 18 de octubre se desarticuló una banda de la Camorra afincada en el sur de Tenerife, pero ha recibido información de la Policía de que en España están asentadas prácticamente todas las mafias importantes del mundo.

En España operan desde las tríadas chinas hasta las mafias japonesas, las rusas y las italianas, ha señalado el magistrado a un grupo de periodistas con motivo de su participación en las segundas jornadas de delincuencia económica y blanqueo de capitales que se celebran en la capital grancanaria.
Maza ha explicado que se trata de organizaciones con modos de operar complejos, con estructuras bien planificadas y medios importantes, que superan los que disponen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encargados de perseguirlos.

Además, se caracterizan por que sus integrantes son numerosos y por el reparto de papeles para desempeñar la actividad.

La forma de actuar de cada mafia es diferente, en el caso de las tríadas chinas actúan entre sus conciudadanos, de manera que en el país donde operan pasan casi des desapercibidas, pues llevan a cabo un trabajo ilícito “muy encubierto para buscar su impunidad”, frente a otras más aparatosas como las relacionadas con prostitución, el tráfico de droga o de personas.

Maza ha comentado que la geografía del delito organizado está muy estudiada y que los puntos donde más se concentra son la Costa del Sol, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y otras zonas turísticas, como es el caso de Canarias.

El “boom” urbanístico, las actividades económicas derivadas del turismo y la facilidad para que un extranjero pase desapercibido suponen un atractivo para la mafias y sus responsables, a los que además les gusta asentarse en España, según ha dicho el magistrado.

Su implantación en España obedece a muchas razones, pero, en contra de lo que piensa mucha gente, “no es porque la legislación sea especialmente benévola”.

Basta acudir al número de presos que hay en las cárceles y al tiempo que cumplen de condena, ha indicado Maza.

España figura entre el primer y el segundo lugar donde las penas se cumplen con más extensión de tiempo y donde hay más personas en prisión en relación al número de habitantes, y además la Policía desarrolla una labor “magnífica” que ha permitido desarticular bandas que en otros países no ha sido posible.

La actuación española “no es blanda en modo alguno”, ha insistido Maza, quien ha abundado en que el desarrollo urbanístico y el turismo, unidos a su situación estratégica como país de tránsito, convierten al país en un “portaaviones” situado entre América, Europa y África.

Además, la reforma del Código Penal ha incluido un capítulo nuevo contra las organizaciones criminales, lo que demuestra que “el legislador se ha hecho eco de la importancia del tema”.

El nuevo Código penaliza con más dureza el delito de blanqueo de capitales, que es “el arma más importante” con que cuentan las mafias, y permite destinar a la Policía los objetos que decomisa, que en ocasiones son mejores que aquellos de los que disponen las fuerzas de seguridad.

Asimismo, ha subrayado que prácticamente todos los poderes públicos del mundo actúan de manera coordinada al tratarse de delitos de dimensión trasnacional.

Según Maza, cada vez más hay más tratados internacionales para actuar contra el blanqueo de dinero, lo que supone ir a la “yugular” de estas bandas, porque se les impide la posibilidad de disfrutar de sus ganancias.

En cuanto a la presión que puedan ejercer estas mafias en la Justicia, Maza ha comentado que por su experiencia de más de 30 años en los tribunales “nunca” ha recibido “órdenes de los poderosos ni de los delincuentes”, y, en su opinión, en España se ha respetado “bastante” al poder judicial, aunque se han producido casos concretos, pero “muy puntuales”.

[apunte]Los delitos económicos, que abarcan desde una estafa hasta operaciones de blanqueo de dinero, representan entre un 20 y un 25 por ciento de los delitos que se juzgan en España, según calcula el magistrado del Tribunal Supremo Juan Manuel Maza.

El magistrado ha señalado hoy que este tipo de delitos constituyen, junto con los que se producen contra la libertad sexual, el patrimonio y la integridad física, el grueso de los casos judiciales, con motivo de la celebración de las segundas jornadas de delincuencia económica y blanqueo de capitales que se celebran en la capital grancanaria

Maza, que ha ofrecido la conferencia inaugural de las jornadas referida a “La responsabilidad penal de las personas jurídicas” que recoge el nuevo Código Penal para los delitos económicos, de la que están exentos el Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y los sindicatos, ha alertado de la impunidad que puede generar en la persona física, que es el verdadero autor del delito.
Según ha expuesto Maza, es más fácil enjuiciar a la persona jurídica que determinar quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables de una actuación delictiva en una sociedad, por lo que puede que los investigadores, jueces y perjudicados se conformen con sentar en el banquillo a la persona jurídica.
“La Ley no lo recoge así, pero el peligro está”, ha manifestado el magistrado, quien ha señalado que “hay que estar alerta y no ir por el camino fácil”, porque es más difícil averiguar quién tomó la decisión indebida en un consejo de administración de una empresa o determinar el empleado o directivo responsable, e incluso el propio perjudicado puede optar por no perseguirlo para cobrar cuanto antes la indemnización y evitar que se eternice el proceso.

También ha apuntado que la nueva ley presenta problemas de interpretación para las personas jurídicas, aunque una interpretación superficial permite argumentos “estupendos” para condenar a las personas jurídicas a la que se puede castigar sin conocer el autor concreto del delito.

Maza ha señalado que la nueva figura que introduce el Código Penal “es insólita y pugna con los principios básicos del ordenamiento jurídico”, y generó oposición durante la elaboración de la reforma, pero el tiempo de discusión ya ha pasado, por lo que ha insistido que los jueces y fiscales deben estar “alerta” para que no quede impune la persona física.

También se ha referido al problema que surge en las empresas que absorban o se fusionen con una sociedad que pueda haber incurrido en un delito económico al asumir ahora la responsabilidad, una cuestión sobre la que el experto en materia fiscal Ignacio Medina ha advertido de que hará más complejo este tipo de procesos.

Medina ha señalado los protocolos de actuación que deben tener las empresas para evitar los riesgos penales porque les pueden atenuar o eximir de estos delitos, y ha lamentado que la legislación no establezca los controles que se deben aplicar.

Las empresas se han visto obligadas a crear protocolos que desconocen si serán suficientes, según Medina, quien también ha advertido de que solo las grandes sociedades los conocen y están actuando, pues aún no existe una conciencia de su necesidad entre las pequeñas y las medianas empresas, que son las más numerosas.

Según Medina, se debería hacer un esfuerzo en dar a conocer la nueva normativa tanto por parte de las organizaciones empresariales, como de los responsables del derecho y de la propia administración, porque las penas que recoge el Código Penal “son de una contundencia nuclear”.

La disolución de la empresa, la suspensión de la actividad, la inhabilitación para obtener subvenciones o contratos de la administración son las penas que se pueden aplicar y pueden significar “la muerte empresarial de un grupo”.

La perspectiva de la responsabilidad ha cambiado y es más fácil y llamativo sentar a una empresa que buscar al responsable, ha añadido Medina[/apunte]