BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad ha convocado para mañana, martes, a los cabildos insulares con el fin de informarles sobre el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2012.
Al Ejecutivo regional solamente le quedan dos semanas para aprobar el proyecto de ley y remitir el texto al Parlamento, a finales de este mes. La tramitación parlamentaria concluirá a finales del próximo mes de diciembre con la aprobación final del texto. Las previsiones iniciales para los cabildos insulares apuntan dos datos, uno negativo, como es la bajada de los fondos para financiar las competencias transferidas un 3,4%. El segundo dato es positivo ya que implica un aumento del 6% de la cantidades a percibir por los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF).
El encuentro se produce después de que el Ejecutivo atendiera, a finales del pasado mes de septiembre, la petición de las corporaciones locales para retrasar a 2013 la devolución de los adelantos de más del REF de 2008 y 2009. En total son 53 millones de euros, de los que 17 millones de euros corresponden a los ayuntamientos del Archipiélago.
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Escenario inicial
El escenario de partida de los cabildos insulares se asienta en los presupuestos autonómicos en vigor, con una crisis económica que no remonta y con una coyuntura política que obliga a prorrogar los presupuestos estatales hasta que se forme el gobierno saliente de las urnas, el próximo 20-N.
En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2011, la financiación de las competencias transferidas a los cabildos se redujo en 15,4 millones de euros. La única excepción fue la cobertura a los menores porque tiene un sistema específico de actualización.
En el actual ejercicio económico, las administraciones insulares devolvieron al Gobierno 3,7 millones de euros por la deuda generada por las entregas de más del REF de 2008 y 2009.
La ley presupuestaria en vigor asignó además otros 58 millones de euros a las corporaciones locales provenientes del cupo del IGTE, que Canarias dejó de pagar al Estado en 2011.
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