EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

La inyección económica -aún sin cuantificar- que puede suponer para los 14 ayuntamientos palmeros el Plan Municipal de Infraestructuras al que, después de tres años de interrupción, ha dado el visto bueno el Cabildo, constituye la esperanza en el camino de la recuperación de la actividad productiva insular, que paralelamente supondría una importante rebaja en la elevada cifra de parados que sufre la Isla, por encima de la barrera de los 9.000 personas desde hace más de un año. Esa meta solo se alcanzará si el documento que elabore el grupo de Gobierno, del que desde el jueves forma parte el Partido Socialista tras el pacto cerrado con Coalición Canaria, logra alcanzar una inversión de entre 8 y 10 millones de euros en el horizonte de los próximos cuatro años.
El “plan salvador”, como los más optimistas lo califican, fue víctima de una muerte súbita a manos de la crisis emergente en el año 2008, cuando la situación económica de las arcas del Cabildo evidenciaron una progresiva debilidad y el listado de ayuntamientos que no podían hacer frente al 30% de la financiación de las obras que se ejecutaban se incrementó de forma llamativa. Los sucesivos planes de infraestructura permitieron un gasto de 38,7 millones de euros entre los años 2000 y 2007 para la realización de muchas de las obras de las que hoy disfrutan los ciudadanos.

Reactivación

Los expertos, entre ellos el ahora exconsejero de Infraestructuras de la institución insular, Luis Viña, sustituido en el cargo a finales de esta semana por el socialista Jorge González, expresó ser consciente de que el reparto de dos o tres millones de euros entre los 14 ayuntamientos en los próximos cuatro años para la ejecución de obra, no generaría la pretendida reactivación económica.

La fórmula ideal para conseguir que los ayuntamientos saquen de las listas del paro en La Palma a un importante número de desempleados, pasa obligatoriamente por la legitimación que tengan los propios consistorios para contratar las obras, que no deberían superar los 50.000 euros de presupuesto. Establecer esta barrera permitiría adjudicar los trabajos a pequeñas empresas de la Isla, con entre 8 y 10 empleados como máximo. Así lo explican los expertos en materia de infraestructuras en el Cabildo, quienes consideran imprescindible “ir incluso a obras de presupuesto más mediano, de entre 15.000 y 20.000 euros, permitiendo que la riqueza que se genera se quede en La Palma y no haya que recurrir a promotoras radicadas fuera del territorio insular”.

Si tienen que poner dinero, varios municipios no podrán formar parte del Plan

Es una opinión compartida por los ahora socios de gobierno, los consejeros del PSOE, que semanas atrás impulsaron la aprobación de este plan en forma de moción y que durante años mantuvieron un agrio debate con el grupo de gobierno nacionalista por la supresión de la ficha financiera del documento, llegando incluso a apoyar desde la oposición el Presupuesto de 2008 con la condición de su supervivencia, lo que finalmente no se cumplió.

Incertidumbre

La incógnita más importante es ahora cómo resolverán los ayuntamientos palmeros su participación económica en un plan de este tipo, en el que desde su creación en el año 2000, y hasta su finalización siete años más tarde, intervinieron costeando entre el 30 y el 25%. Aunque la mayoría de los alcaldes consultados por este rotativo prefieren pasar de puntillas sobre este tema, a la espera de que se establezcan las condiciones en las bases del nuevo documento, muchos temen quedarse fuera del plan.

Todos los consistorios locales de La Palma, a excepción de Villa de Mazo (que ingresa anualmente unos 600.000 euros por la ubicación en su suelo del Complejo Ambiental donde se tratarán los residuos de toda la Isla), reconocen oficiosamente los problemas que tienen para garantizar el pago de las nóminas a tres o cuatro meses vista. Los más optimistas por las expectativas que proyecta el Plan Municipal de Infraestructuras, además de algunos expertos en la materia consultados por DIARIO DE AVISOS, advierten que resulta inviable pensar en que los ayuntamientos no pongan su parte del dinero, que podría oscilar entre un 20 y un 25% del coste total de las obras a realizar, asumiendo el Cabildo el porcentaje restante.

Por el contrario, más de un alcalde, desde el anonimato, coincide con la Consejería de Infraestructuras a la hora de apostar por “realizar obras pequeñas”, eso sí, “para que sea el Cabildo el que asuma el 100% del coste porque para muchos sería imposible poner ni un solo euro de nuestros presupuestos”.

Mientras los consistorios locales cruzan los dedos para no perder la asignación económica que les correspondería dentro de este todavía hipotético reparto, la presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño, se ve abocada a mantener la incógnita sobre la cuantía del plan “por la prorroga de los Presupuestos Generales del Estado” hasta la constitución del nuevo gobierno que salga de las urnas en las elecciones generales del 20 de noviembre.

Arcas vacías

La falta de dinero de las arcas locales, en el nuevo escenario económico en el que los ha colocado la crisis, se evidencia en llamativos detalles. A día de hoy todavía hay un ayuntamiento, concretamente el de Puntallana, que no ha podido certificar la obra de El Granel, adjudicada en el año 2007. Tendrá a punto la certificación la próxima semana con toda seguridad. De no ser así, el Cabildo no podría transferir el 70% del coste del proyecto, lo que supondría una pérdida económica que no se pueden permitir. La misma situación atravesaron hasta hace dos semanas los ayuntamientos de Tazacorte, El Paso y Breña Baja. Una mirada al pasado reciente, el año 2000, da cuenta de la boyante situación económica del Cabildo: ese año destinó 5,3 millones de euros a obras en los ayuntamientos, una cifra que se superó en 2001, con una inversión de 6,4 millones y que en 2007 bajó hasta 2 millones de euros.

Si bien el gasto del Cabildo fue aumentando, financiando en la última etapa del programa el 75% de las obras, la participación de los ayuntamientos se vio mermada, llegando al 25%.