Las joyas de la abuela>José Miguel González Hernández

La crisis nos ha convertido a muchas personas en recién nacidos. Nos despierta cada tres horas con un lastimoso llanto. Según ha ido avanzando, ha ido afectando a los sectores económicos y ahora le toca a la Administración pública. A partir de ahí se intenta proceder a reestructurar la situación desde la perspectiva del recorte, tanto de los gastos corrientes (algo asumible) como de las inversiones (muy peligroso). La estrategia es clara: se provoca el atasco en la provisión del bien o del servicio con el objeto de tener el beneplácito social de poder prescindir de su suministro. Este sistema se hace a través de la reestructuración presupuestaria, se ahoga el servicio y se termina diciendo: “¿Ves como no funciona? Una empresa privada lo haría mejor”. Volvemos al debate sobre la dicotomía público-privado. El problema surge cuando se comparan cosas incomparables, lo que lleva normalmente al error. Inducir a la sociedad a la sensación de pánico hace que se actúe con irracionalidad. Si a eso le unimos unas elecciones generales, la cosa se complica aún más.

Una de las dificultades que se presenta para discutir razonablemente las verdaderas atribuciones y funciones del Estado en el mundo actual es que, a lo largo de interminables discusiones bizantinas, se ha borrado la delimitación de las esferas de competencia de cada actividad.
En primer lugar, hay que aclarar que lo público no es gratuito. Es sufragado por la recaudación impositiva y demás transferencias de rentas. Es cierto que no existe una personalización del gasto a través de un ingreso específico. Por ejemplo, las personas que trabajan en la actualidad sufragan las pensiones de nuestros mayores. Eso no significa que parte de la sociedad viva a expensas de la otra. No. A eso se le llama solidaridad intergeneracional. A eso se le llama vivir en una sociedad cohesionada. En lugar de estarla maldiciendo, bien nos debería hacer sentir orgullosos.

De igual modo nadie ha demostrado que lo privado sea más barato que lo público. Hay de todo. Lo que ocurre es que la iniciativa privada aparece cuando el sector público hay indagado en el mercado a través de las inversiones iniciales, y una vez que configura una cuota de mercado apetitosa (sanidad, educación, seguridad..), aparece el inversor que desea poco riesgo y altos réditos. En este sentido, la provisión de bienes y servicios públicos se muestra como un claro redistribuidor porque ofrece posibilidades de consumo independientemente del nivel de renta del sujeto pasivo.

De igual modo lo privado no es siempre más eficiente que lo público porque el libre mercado no existe como concepto literal. Se trata de una serie de reglas de juego que normalmente son permutadas, siempre y cuando la parte más poderosa no las quiere acatar. Que el mercado existe, es una evidencia, pero que funcione y distribuya mejor que el Estado ya es algo que no se ha demostrado. La reestructuración de la Administración pública como paso previo a su privatización sólo debe ejecutarse cuando se promueva la competencia o cuando existen claras ventajas comparativas para el sector privado. Es decir, agregar valor a la sociedad. Nada de eso se está cumplimiento ahora. Simplemente se hace por un miope afán privatizador en nombre del ahorro con el objeto de minimizar el coste electoral de las decisiones.

*Director del Gabinete Técnico de CC.OO. en Canarias