Listas abiertas y candidatos cerrados > Juan Hernández Bravo de Laguna

En los presuntos hechos en los que hace poco tiempo se vio envuelto el dimitido senador y todavía presidente del Cabildo Insular de La Gomera, y al margen del asunto privado de la supuesta prostitución al parecer implicada, el problema radicó en el presunto enfrentamiento de un representante de los ciudadanos con unos agentes de la autoridad, un presunto enfrentamiento que legitimó su detención, porque la inmunidad parlamentaria le permite en los casos de flagrante delito. En una situación diferente, es probable que el Partido Socialista hubiese reaccionado de manera también diferente; pero las encuestas electorales le son muy desfavorables y los socialistas no se pueden permitir que un asunto como éste les arruine, por ejemplo, el filón de los trajes de Camps. Por eso, ante el estruendoso silencio de los dirigentes del socialismo canario, Elena Valenciano, coordinadora de las campañas de Pérez Rubalcaba y socialista, se adelantó a exigir su dimisión, y le siguieron en el mismo sentido José Blanco y Bono. Una dimisión que finalmente se consumó en cuanto al Senado. El ya exsenador ha argumentado que accedió a dimitir para favorecer su defensa en juicio y no porque reconozca ninguna culpabilidad en lo sucedido. Sin embargo, no resulta muy halagador para la isla colombina, para sus habitantes y para los gomeros, en general, que quien no puede ser senador de la isla sí pueda ser presidente de su Cabildo Insular.

Tampoco resulta muy halagador para todos ellos ni tiene ninguna lógica que quien hace poco ha dimitido de un cargo sea de nuevo candidato al mismo cargo semanas más tarde. Es un absurdo que vacía de contenido la propia dimisión y las razones que la justificaron según el dimitido. ¿En qué quedamos, la presencia en el Senado favorece o no favorece su defensa en juicio? Pues bien, a pesar de todas estas contundentes razones y contradicciones, los Comités locales socialistas de la isla colombina volvieron a proponer como candidato al Senado a Casimiro Curbelo; lo que, entre otras importantes cosas, nos dice mucho sobre la política que se practica en este país y, en particular, sobre la política que se practica en estos andurriales atlánticos macaronésicos. El partido en Canarias ratificó la candidatura de Curbelo a pesar de que la Comisión Federal de Listas no contaba con él. Y así se inició un tira y afloja, un pulso, entre la dirección canaria del partido y la dirección nacional que, como era de esperar, ha concluido con el triunfo de Ferraz: el interesado se retira de la carrera electoral para “que dejen de hablar de él y de su familia” y “para facilitar las cosas al partido y a su candidato Pérez Rubalcaba”.

Ésta es la buena noticia. Una retirada que hace de la necesidad virtud, porque la realidad es que el frustrado candidato se retira porque no tiene más remedio, es decir, porque no le dejan presentarse. La mala noticia es que tanto el interesado como los dirigentes socialistas canarios están planteando el asunto en términos de autonomía. Y eso es falsear el fondo del problema y confundir a la ciudadanía. No se trata de una cuestión de autonomía, sino de coherencia política y hasta de sentido común. La dirección federal socialista ha aplicado sus Estatutos y su normativa interna. Y bendita normativa que ha impedido que se consumara semejante desafuero. La asignatura pendiente sigue siendo el absurdo de que quien no puede ser senador de la Isla sí pueda ser presidente de su Cabildo Insular. Y es una asignatura pendiente que los dirigentes socialistas canarios deberían apresurarse a aprobar.

Tenemos que acostumbrarnos los ciudadanos y, sobre todo, los políticos a distinguir las responsabilidades exigibles ante los tribunales de justicia y las responsabilidades políticas. En relación a los presuntos hechos acaecidos en Madrid la noche de autos los jueces dirán en su momento lo que tengan que decir. Y lo que digan no será ni siquiera la verdad, sino la mera verdad judicial, la verdad que se haya podido extraer de las pruebas aportadas. Pero a un político envuelto en tales presuntos hechos no le queda otro camino que la dimisión de todos sus cargos. En un orden muy diferente de cosas, basta con fijarnos en lo ocurrido al anterior presidente del Fondo Monetario Internacional: declarado inocente de las acusaciones de agresión sexual a una camarera de su hotel en Nueva York, la simple denuncia de la interesada le ha supuesto políticamente la dimisión forzada de su cargo y la retirada de la carrera presidencial francesa. El coste político ha sido brutal, la sospecha de una conspiración es plausible. No obstante, la responsabilidad política se ha cobrado su víctima y ni ella ni nadie pueden hacer nada al respecto.

La Constitución española dispone que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Y ese mandato tiene la traducción real que tiene. Hace unos días lo explicaba Pérez Rubalcaba con meridiana claridad: “Los militantes votan y los Comités deciden”. Y, refiriéndose a los socialistas canarios, añadía: “Espero que me hagan caso”. Porque el primer interesado en que Casimiro Curbelo no vaya en ninguna lista en las próximas elecciones generales es el propio candidato socialista.