Ocho de las nueve asociaciones profesionales de taxistas existentes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife protagonizaron ayer un paro de 12 horas para presionar a favor de la rápida iniciación del rescate de 180 licencias por parte del Ayuntamiento capitalino y del Cabildo insular, a fin de eliminar, en ese número considerado razonable, parte de la actividad del sector, hoy muy afectado por la crisis y con un exceso de oferta fruto de tiempos de bonanza y de cierto populismo aplicado por los responsables municipales durante los mandatos de Manuel Hermoso.

Tal rescate, acordado en mayo pasado por decisión municipal, se retrasa por diversas razones, entre otras la falta de recursos económicos de ambas corporaciones y las presiones de varios colectivos profesionales, que no ven con buenos ojos las ayudas para los taxistas en detrimento de otras actividades o servicios de interés general con problemas (“¿por qué unos sí y otros no, si todos pagamos impuestos?”, se preguntan).

El Ayuntamiento parece decidido a firmar el correspondiente convenio con el Cabildo y a abonar entre los dos unos 40.000 euros en concepto de ayuda por cada abandono de actividad entre los 1.087 titulares de licencias de taxi existentes, en un periodo de diez años que se iniciaría en 2012 con 60 licencias. Los taxistas ofrecen diversas contrapartidas en materia de regularización profesional, control administrativo, días de descanso y número de conductores por vehículo.

Dicho esto, no entiendo cómo, por mero capricho, los dueños de los taxis dejan a los ciudadanos -residentes y visitantes- sin un servicio público de transporte indispensable por el sólo afán de exteriorizar una medida de protesta que, en cualquier caso, podían haber realizado por otros medios ante la corporación municipal santacrucera, sin perjudicar a los potenciales usuarios.

Con tal proceder estos conductores no ganan credibilidad, ni estima, sino disgusto y rechazo, por muchas explicaciones que hayan ofrecido en algunas paradas de taxis, donde por cierto no se sabía si se trataba de un paro, un cierre patronal, una huelga o una simple protesta. Y aunque el colectivo como tal no deseara protagonizar incidentes, lo cierto es que se han producido algunas amenazas y coacciones, en especial con miembros de la Asociación de Tele Taxi Isla de Tenerife, que, aunque aisladas, menoscaban el buen nombre de todos los profesionales y evitan la regularidad y continuidad que debe tener un servicio esencial -para algunos de primerísima y obligada necesidad- estimado por los ciudadanos.

En el que, por cierto, sigue faltando la deseable unidad de todos sus miembros, como ayer mismo se puso de relieve.