BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife
Hace una semana el Gobierno de Canarias no contemplaba cerrar el presupuesto de 2011 antes de tiempo. Este jueves, el Ejecutivo anunciaba que deja de pagar, con excepciones, a los proveedores hasta enero de 2012. La Administración autonómica dice tener liquidez pero que la decisión de cerrar el presupuesto dos semanas antes de lo habitual viene determinada ante la necesidad de cumplir con el déficit del 1,3% autorizado.
De incumplirse este porcentaje, la Comunidad Autónoma no podría endeudarse el próximo año en los 850 millones de euros, que le han permitido presentar un proyecto de ley presupuestario de 2012 orientado a mantener los servicios sociales.
Estas fueron las explicaciones ofrecidas por un portavoz del Gobierno, Martín Marrero, que no supo, sin embargo, precisar la cuantía del ahorro que generará esta decisión. El año pasado, cinco semanas antes de que se cerrara el ejercicio económico de 2010, el Ejecutivo se vio obligado, por primera vez, a cerrar el presupuesto. Había que ahorrar 250 millones de euros antes del 1 de enero de 2011 para cumplir con el plan de estabilidad impuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Al término del Consejo de Gobierno, Marrero aseguró que el cierre adelantado en dos semanas era una “ mera operación contable” que “no supone que no se vaya a pagar a proveedores”.
Serán las facturas presentadas a partir de la última semana de noviembre y el mes de diciembre, las que se pagarán a partir de enero cuando entre en vigor el presupuesto de 2012, según el portavoz.
Este cierre es “·parcial”, agregó, y tiene algunas “excepciones”. Entre ellas, los “aspectos” sanitarios además de que, tal y como recalcó, se garantiza el pago de las nóminas de los funcionarios. El portavoz gubernamental insistió en que el Ejecutivo tiene “liquidez”.
Pero si se decide pagar a los proveedores, continuó, “se pasa” el déficit del 1,3% permitido por el plan de estabilidad, lo que supondría que habría 850 millones de euros “menos” en 2012. Se refería al endeudamiento total autorizado a Canarias y al que recurrirá el Gobierno el próximo año para poder tener unos presupuestos que, según el Ejecutivo, servirán para mantener los servicios sociales.
Infraestructura
El portavoz del Ejecutivo respondió también al temor de que el Gobierno saliente de las urnas el pasado domingo, que liderará Mariano Rajoy del PP, decida “laminar”, tal y como afirmó, los compromisos presupuestarios de los convenios en infraestructuras.
Martín Marrero declaró que el Gobierno de nacionalistas y socialistas considera que los compromisos plurianuales de estos convenios se adquieren con independencia del color político de La Moncloa, sede de la Presidencia estatal.
El portavoz agregó que el Ejecutivo regional “peleará” además por las partidas anuales que se negocian en cada ejercicio económico.
Los presupuestos estatales de 2011 se prorrogarán hasta que, a comienzos de 2012, el nuevo Ejecutivo central del PP comience a diseñar sus políticas presupuestarias. Una práctica que implicará la modificación de las asignaciones contempladas en las últimas cuentas del PSOE, principalmente por las exigencias establecidas por la Unión Europea para que España cumpla el déficit permitido.
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Competencias
El Consejo aprobó el decreto por el que se crea y regula el comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas canarias, encargada de reordenar el mapa competencial de los tres niveles administrativos; es decir, el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos. Estará compuesto por dos miembros de los ayuntamientos, otros tantos de los cabildos, uno por cada una de las universidades y dos funcionarios de la Comunidad Autónoma más el secretario. Nueve personas en total que tienen que ser expertos de reconocidos prestigio y experiencia en las materias relacionadas con sus funciones. “En la medida de lo posible”, según Marrero, ajenos a vinculaciones partidistas. Cada tres meses estarán obligados a formular propuestas que, si el Ejecutivo lo considera, serán de aplicación inmediata.
El Ejecutivo aprobó la modificación del decreto de ayudas excepcionales para mitigar los daños producidos por la crisis volcánica de El Hierro para ampliar la cobertura de las mismas.
El Consejo sancionó los requisitos a cumplir por las tiendas libres de impuestos para que puedan aplicar la exención establecida en el nuevo Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Se autorizó la contratación de las obras complementarias a la TF-5 Tramo Tres de Mayo-Guajara, de Ofra a El Chorrillo, y el modificado de la travesía de Hermigua, por 2,64 millones.
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