El TS confirma la sentencia contra el falso ginecólogo

DIARIO DE AVISOS / EFE | Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) confirmó esta semana la condena de 26 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a un médico que ejercía como ginecólogo sin tener esa especialidad, que abusó sexualmente de algunas de sus pacientes y también grabó en vídeo a parte de ellas.

El Supremo confirma así la sentencia dictada por la Audiencia en diciembre de 2010, que encontró a Ernesto R.R.T. culpable de dos delitos continuados de abusos sexuales, tres contra la intimidad personal y uno de usurpación del estado civil, ya que suplantó la identidad de otro colega para ocultar que no era ginecólogo.
Ese fallo fue recurrido por el propio acusado, pero también por el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que solicitaba al Supremo que añadiera a la sentencia otro cargo más: el de intrusismo profesional, un delito por el que este médico argentino ya había sido condenado en España en 1998.

Este facultativo, licenciado en Medicina por la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, homologó el título en España para ejercer de médico, pero no tenía la titulación en Ginecología y Obstreticia, que ejercía en consultorios ubicados en La Laguna, Güímar, Granadilla y Santa Cruz de Tenerife.

Ernesto E.R.R.T. fue detenido en marzo de 2007 acusado de abusar de varias pacientes y de grabar esas vejaciones en vídeo, cargos que el Supremo entiende suficientemente acreditados. Fue la indiscreción de una inquilina la que originó el llamado caso ginecólogo, sin duda uno de los más sonados en 2010 en toda la Isla al desvelarse la existencia de más de 1.070 grabaciones en las que se entremezclaban los actos sexuales con meras operaciones médicas. Sólo se veían órganos sexuales, pero dos mujeres se reconocieron.

La sentencia considera probado que esos abusos consistieron tanto en la introducción de consoladores a sus pacientes, alegando que formaban parte de la exploración médica, como en penetraciones.

Fue la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que condenó a Ernesto a dos años de prisión por el delito de usurpación del estado civil, y a ocho años por cada uno de los dos delitos continuados de abusos sexuales, así como a dos años de prisión por cada uno de los tres delitos contra la intimidad personal.

También fue condenado a 270 euros de multa por una falta de estafa continuada, y absuelto de los delitos de intrusismo, estafa, contra la administración de Justicia en grado de tentativa, y de dos delitos contra la intimidad personal y otros dos continuados de abusos sexuales.

El recurso en nombre del acusado, presentado por el letrado tinerfeño Alfonso Delgado, objetaba a la decisión de la Audiencia varias cuestiones.La primera era que la instrucción fue realizada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna, creado en 2004, pero instructor de una causa por delitos cometidos en los años 1997, 1998 y 1999, lo que vulneraría el derecho a un juez predeterminado. En opinión del letrado, los argumentos del juzgado al respecto, tales como la conexión entre los distintos delitos y que fueran continuados hasta 2006 no se sostienen.

También se denunciaba que el acusado no estuvo presente en el registro de su domicilio aunque se encontraba detenido cuando se hizo y en condiciones de acudir al mismo. En la presente causa se realizaron cuatro entradas y registros simultáneos, pero tan sólo una de esas entradas y registros fue en el domicilio del ginecólogo. Sin duda, otro punto llamativo. La defensa sostiene que, durante los registros, la policía se incautó de ordenadores portátiles y soportes audiovisuales, que fueron descritas y detalladas en las distintas actas. Sin embargo, tras su análisis y posterior instrucción se remitieron a la Audiencia provincial.

Es entonces cuando se detecta que faltan grabaciones. Aunque la Audiencia ya rechazó un recurso, los policías manifestaron en la vista oral que aún tenían en la comisaría varios CD, DVD y otras piezas de convicción incautadas en los registros. Aunque la Audiencia Provincial ordenó al CNP depositar tales pruebas, apareció un ordenador portátil de más, faltaban 3 cintas de cámara de vídeo y todas las tarjetas de memoria SD.