Expedientada la empresa de la basura de Arona por falta de medios

VICENTE PÉREZ | Arona

El pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó este jueves abrir expediente sancionador a la concesionaria de la recogida de residuos sólidos, la unión temporal de empresas Sufi, SA, y Hermanos Santana Cazorla, SL, por no disponer de los medios necesarios para prestar el servicio.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Servicios Públicos, Antonio Sosa, explicó que la empresa se expone a una sanción de entre 30.000 y 200.000 euros, e incluso la rescisión del contrato, por dejar transcurrir el plazo que se le había dado para disponer de la maquinaria que se había comprometido a utilizar.

“En el concurso la parte de la maquinaria era importantísima, porque se pretendía mejorar las condiciones de prestación del servicio, y si esto no se ha cumplido, los resultados obviamente no son los esperados”, afirmó el edil de CC, quien aclaró que la empresa podrá alegar en este expediente sancionador.

La oposición (PSOE, PP y Ciudadanos) ha sido muy crítica con la empresa que sustituyó en 2010 a Camilo Álvarez, SL, la anterior encargada de la recogida de la basura, al entender que el servicio no ha mejorado.

Así, ayer, el concejal de Ciudadanos por Arona, José Antonio Antonio Reverón, recordó que el gobierno municipal de CC “en lugar de rescindir el contrato, dio cobertura legal a los incumplimientos de esta empresa”, ya que, unos días de empezar a prestar el servicio, y mediante un acuerdo plenario, se le permitió cambiar las marcas y modelos del parque móvil y la maquinaria con respecto a la que había ofertado cuando se presentó al concurso. Para el edil, esto constituye un “fraude a los ciudadanos”, del que a su juicio tomarán nota las empresas que perdieron el concurso y lo recurrieron.

La falta de medios con que la UTE comenzó a recoger los residuos fue tal, según Reverón, que el alcalde impuso a Camilo Alvarez poner a disposición de la nueva concesionaria sus contenedores, lo que motivó la presentación de una querella por prevaricación y apropiación indebida.

Sosa indicó que la intención era adjudicar el servicio a mediados de 2010, “para que la empresa tuviera toda la maquinaria, pero se firmó el contrato a fines de noviembre, y la empresa no tuvo tiempo de encargar y recibir los vehículos”.