NORBERTO CHIJEB | Candelaria
El pleno del Ayuntamiento de Candelaria acogió el pasado jueves la presentación de la memoria anual de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, un informe del que se extrae que en 2010 ha mejorado la resolución de los expedientes de quejas, que han quedado resueltos en un 80 por ciento de los casos respecto al 73,77 de 2009. De este porcentaje, el 60 por ciento ha tenido una respuesta satisfactoria para los vecinos. “El nivel de compromiso entre las distintas áreas que conforman el entramado municipal se ha ido consolidando y se ha establecido por ambas partes unos protocolos de actuación normalizados, lo que redunda en un beneficio para el ciudadano”, explica la responsable de este órgano, único en Canarias, Elena Peraza.
El informe revela también que un aumento en el uso de las redes telemáticas por parte de los ciudadanos a la hora de comunicarse con la Oficina, al tiempo que se ha registrado un incremento de las consultas. Así, la Oficina del Defensor de la Ciudadanía registró el año pasado 75 quejas, dos de ellas comunicadas por el Diputado del Común y tres por el Defensor del Pueblo; 21 consultas escritas y 1 sugerencia.
Sin embargo, la mayoría de ciudadanos sigue acudiendo a las dependencias municipales para comunicarse con el Ayuntamiento: esta oficina registró durante 2010 una media de 12 consultas y entrevistas presenciales a la semana. Además, la defensora de la ciudadanía llevó a cabo 36 inspecciones oculares derivadas de la información proporcionada por los vecinos y mantuvo alrededor de 15 reuniones semanales con representantes de la administración, “teniendo una actividad intensa prácticamente todos los días de la semana”, apuntó Peraza.
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Salubridad y vías
Sobre la procedencia geográfica de las quejas presentadas en la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, la Memoria refleja que el grueso de éstas sigue procediendo de Candelaria y Las Caletillas, aunque se ha registrado un aumento de las provenientes de Barranco Hondo, Araya y Malpaís. Las quejas se centran sobre todo en asuntos relacionados con la salubridad y mantenimiento de viarios y espacios públicos, afectando a las empresas concesionarias de estos servicios.
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