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Los funcionarios se reivindican

   

Javier Galván, responsable del sector autonómico y miembro de la ejecutiva provincial del sindicato CSI.F. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La situación de los empleados públicos en Canarias “está mal, bastante mal”, resume el responsable del sector autonómico y miembro de la ejecutiva provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), Javier Galván.

“Esperamos que los políticos sean conscientes de que todos los problemas”, comentaba este portavoz del sindicato más representativo entre los funcionarios.

“Nosotros hacemos lo que ordenan los que mandan”, recalcó Galván. “Los ciudadanos ven a los empleados públicos como los responsables de la crisis, cosa que venden los políticos. Los culpables son ellos, los que manejan y malgastan el dinero público”.

Javier Galván insistió en que los funcionarios son “trabajadores normales y corrientes, con sueldos muy bajos”. El salario medio de un jefe de negociado con una antigüedad de 27 años está en torno a los 1.360 euros al mes.

Tras el anuncio de que el Ejecutivo regional controlará los horarios para descontar las horas que no se cumplan, “seguramente para ocultar el elevado gasto de los altos cargos”, Comisiones Obreras acusó al Gobierno regional “de demonizar” a los empleados públicos.
Durante la toma de posesión de Jorge Rodríguez como viceconsejero de Presidencia y de Ángeles Boga como secretaria general, Paulino Rivero alabó el “compromiso y constancia” de los “magníficos funcionarios” de la Comunidad Autónoma.

En Canarias, hay alrededor de 116.000 empleados públicos entre todas las administraciones. En las oficinas del Gobierno son unos 10.000 (4.000 funcionarios y 6.000 laborales).

A Galván no le parece un peso excesivo. “No sobran empleados públicos”, remarcó. “Lo que hay es una mala distribución. No podemos hablar de si sobran o no mientras no esté cada uno donde le corresponde”.

En ocasiones sucede que, si un funcionario no le ríe las gracias a un político termina apartado. “No es que no trabaje, que sea un gandul, sino que lo arrinconan porque va en contra de los intereses de los políticos”.

Una de las preocupaciones de los sindicatos es la “distorsionada” imagen que la ciudadanía percibe de los empleados públicos. “Hay de todo, como en las empresas privadas”, afirmaba Galván. “La inmensa mayoría son buenos trabajadores, eficientes y eficaces, pero también es verdad que el empleado público está cansado de ser el malo de la película. Como se han externalizado tantos servicios, hay muchos ciudadanos que cuando van a pagar un impuesto piensan que están hablando con funcionarios y no siempre es así”. Ser funcionario “no es un chollo”, desmintió el dirigente de CSI.F. “A un funcionario se le puede despedir, incoar expediente disciplinario, separarlo de empleo y sueldo, incluso por una sentencia judicial. Un funcionario no tiene derecho ni a paro ni a indemnización. Los funcionarios no cotizan por desempleo. De hecho, un funcionario sale mucho más barato que un trabajador laboral”.

En la empresa privada, ilustraba Javier Galván, “si un empleado es válido da igual si posee titulación o no”. Por el contrario, añadió, “un empleado público ya puede ser la persona más preparada del mundo que si carece de título se queda donde está”.

La condición de funcionario de carrera autonómico se pierde por renuncia expresa, o por no reincorporarse al servicio activo, transcurrido un tiempo superior a diez años ininterrumpido.

La norma básica parte del principio constitucional de que “el régimen general del empleo público en España es el funcionarial”, si bien reconoce e integra la “evidencia del papel creciente que, en el conjunto de administraciones públicas, viene desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas”.

La rebaja en 2010 de un 5% en sus salarios es la primera aprobada en España para este colectivo. Son más las congelaciones.

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Ejemplos de “derroche del Gobierno

Javier Galván puso como ejemplo de “derroche” las oficinas liquidadoras de impuestos del Norte y del Sur de Tenerife, que el Gobierno de Canarias ha cedido a una comunidad de registradores. “En los presupuestos está tasado en nueve millones de euros”, arguyó el sindicalista. “A ello se añaden unas ratios por cobro de impuestos que supone un valor aproximado de entre tres y cuatro millones de euros más. Es decir, entre doce y trece millones anuales les cuesta a los ciudadanos. Si las llevaran funcionarios, saldría gratis. Y se les daría la misma prestación a los ciudadanos”.

Otra muestra: “El programa Atlante II costó ocho millones de euros y el mantenimiento sale por tres millones. Cada dos por tres leemos en la prensa que se bloquea y no sirve para nada. Según tengo entendido, el Ministerio del Interior te pone un programa sin coste alguno”.

El Sistema de Gestión Económico-Financiero del Gobierno de Canarias (Sefcan) “se licitó por 17 millones de euros y ya va por más de 30 millones y sigue dando problemas”.

Las empresas privadas “cobran”, argumentó Galván. “Si externalizas un servicio, tiene que obtener un beneficio. Por eso, muchas veces se crean puestos de trabajo de baja calidad, en precario”.

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