Los intereses de la deuda pública > Jaime Rodríguez-Arana

La deuda pública acumulada del reino de España, a día de hoy, es de 500.000 millones de euros. Es decir, el Estado debe abonar, para hacer frente a los intereses y a la amortización de la deuda, la friolera de 75 millones de euros diarios. Sólo en 2011 se dedican del presupuesto 27.420 millones a este concepto, que en 2012, si sigue como está la prima de riesgo de España, se incrementará todavía más.

Son, desde luego, datos muy, pero que muy preocupantes, que, sin embargo, tienen unas causas bien fáciles de establecer.
Primera, el recurso a la deuda como forma habitual de financiación de servicios públicos crecientes durante décadas.
Segunda, un aparato público irracional seguido de una política subvencional diseñada para el control y la manipulación social por parte de los dirigentes públicos. La Constitución, para quien la quiera leer, dice desde 1978 que el gasto público se asignará con criterios de equidad y se realizará atendiendo a la economía y a la eficiencia.

La realidad, empero, nos ha demostrado hasta el paroxismo que el gasto público se ha concebido como un algo casi infinito, no como un concepto limitado y orientado al servicio objetivo de los intereses generales. Más bien, desde hace varias décadas los responsables, mejor irresponsables públicos, al menos en este capítulo, han actuado como si el gasto público fuera la panacea para resolver todos los problemas, importando poco, o nada, si los presupuestos alcanzaban para atender esas expansionistas políticas públicas concebidas exclusivamente para el control y el manejo de la sociedad.

Si el presupuesto era insuficiente para tal propósito, y para colocar allegados y afines, se acudía al recurso de la deuda, que era convenientemente autorizada. Es decir, nada de eficiencia, nada de austeridad. Hemos vivido como si fuéramos nuevos ricos y como si levantar y construir organismos públicos y diseñar programas de subvenciones no tuviera fin.

En este sentido, ahora es ya un tópico, el modelo autonómico se orientó hacia la lógica estatal y replicó, institución a institución, la estructura del Estado- Nación, batiendo, a los pocos años, todos los records habidos y por haber. Y no es que el modelo autonómico sea un mal esquema. Todo lo contrario, es una gran solución para la realidad plural y diversa de España. El problema es que las instituciones de autogobierno, en lugar de adecuarse a los intereses públicos propios de cada autonomía, ha discurrido, en términos generales, por los derroteros de la ineficiencia y en tantas ocasiones por el despilfarro.

Igualmente, es menester revisar y adelgazar de manera intensa la política subvencional. En efecto, el modelo estático del Estado del bienestar ha traído consigo, también en este punto, grandes males. La subvención, en efecto, pensada para liberar las energías sociales latentes en actividades dirigidas a promover el interés general, se ha convertido en un fin. Un fin al servicio del control social. Un fin dirigido a narcotizar toda una sociedad que, en lugar de estar erguida y trabajando desde las más variadas situaciones, se ha intentado, con éxito, domesticar a través de toda clase de auxilios, dádivas y subvenciones. Ahora muchos ciudadanos lo esperan todo del Estado.

En estas condiciones, el presupuesto se lleva por delante no pocos miles de millones de euros para pagar una deuda que han contraído políticos que, desde hace tiempo, manejaron los fondos públicos con una irresponsabilidad supina. Por eso, habría que pedir cuentas a quienes durante estos años han tomado decisiones en esa dirección, empobreciendo a los españoles y cargando sobre sus espaldas una pesada losa. Las cosas deben cambiar, y mucho, en todos los sentidos. ¿Serán capaces de darse cuenta los nuevos gobernantes?

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo
jra@udc.es