EFE | Manila
Miles de niñas y mujeres de las zonas más empobrecidas de Filipinas son vendidas cada año como esclavas domesticas o sexuales en otros paÃses, tras caer en las garras de las intrincadas redes de tráfico de personas.
“Las vÃctimas son generalmente engañadas para ir a Malasia, ya sea para quedarse o para pasar de allà a otro paÃs en busca de un buen sueldo. Les dicen que van a trabajar de camareras o de empleadas domésticas, pero terminan siendo forzadas a prostituirse o a trabajar como esclavas en una casa sin recibir salario”, explica Darlene Pajarito, fiscal de la ciudad de Zamboanga.
Esta población del sur de Filipinas sirve de puerta de atrás para los emigrantes que quieren cruzar de forma ilegal la porosa frontera marÃtima con Malasia, hipnotizados por las promesas monetarias de los tratantes.
Pajarito, condecorada por Estados Unidos este año por su labor, recuerda bien la primera condena que consiguió en los tribunales y que estrenó la ley contra el tráfico humano que promulgó Filipinas en 2003.
“Era una estudiante que se dejó convencer para ir a Malasia. Sólo se enteró que iba a trabajar de prostituta cuando ya habÃa entrado ilegalmente allÃ. La primera noche se negó y el cliente la zarandeó y golpeó la cabeza contra la pared hasta que aceptó”, relata la fiscal.
Un mes tardó en conseguir ponerse en contacto telefónico con su hermana residente en Malasia y casada con un nacional, quien logró localizar el club en el que trabajaba como la chica “número 60″.
El cuñado acudió al local un dÃa haciéndose pasar por cliente y, tras parecer interesado en la chica, pagó la suma requerida para sacarla del local por una noche.
La llevó a casa y la mantuvo escondida dos semanas mientras preparaba su viaje de regreso a Filipinas, de nuevo por la puerta trasera entre ambos paÃses.
De vuelta en Zamboanga, la estudiante se puso en contacto con la PolicÃa y les ayudó a localizar a los tratantes que la engañaron y a tenderles una trampa que permitió emitir la primera condena por este delito en Filipinas.
El principal problema que encuentran las autoridades es la incredulidad de las vÃctimas a las advertencias que les dan contra estos negocios tramposos y el verdadero trabajo que les espera en el paÃs de destino.
“Las vÃctimas cooperan con los tratantes. Se enfadan con nosotros por no permitirles viajar y, por mucho que les explicamos la realidad, prefieren agarrarse al clavo ardiendo que les ofrecen”, explica la agente Gema Luna, del equipo especial anti trata de personas de Zamboanga.
En los diez primeros meses del año, la PolicÃa de Zamboanga ha rescatado a 544 vÃctimas, una cifra baja si se compara con las entre 20.000 y 100.000 vÃctimas que se estima esta lacra produce en Filipinas todos los años, incluyendo las que son explotadas dentro del paÃs, según la web Humantrafficking.org.
La lucha de la fiscal Pajarito y la agente Luna, y de otras muchas personas, ha permitido a Filipinas salir de la lista negra de paÃses permisivos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Gobierno multiplicó este año por siete la dotación para luchar contra esta forma de esclavitud moderna, con una dotación de 75 millones de pesos (1,27 millones de euros o 1,73 millones de dólares).
Pese al progreso que significan 50 condenas desde 2005, la lucha tropieza con la dificultad de localizar a los capos de estos entramados que implican a financieros extranjeros, policÃas y polÃticos corruptos y barcos que cubren trayectos regulares con la vecina Malasia.
“Normalmente sólo damos con los intermediarios, los jefes de estos sindicatos suelen estar a salvo en Manila o en el extranjero y sólo se comunican por mensajes de texto con sus delegados. Es difÃcil dar con ellos”, reconoce la fiscal.
Pese a las amenazas de muerte que han recibido por su labor, Pajarito y la agente Luna le restan importancia y lo consideran “gajes del oficio”.
“A todos nos llega la hora. Es mejor morir por esta causa que en la cama. Las amenazas forman parte de mi trabajo. Sueño con el dÃa en que desaparezca el problema. Sé que es difÃcil, pero este objetivo me permite seguir trabajando”", declara sin pestañear la oficial de PolicÃa.