TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Será porque los medios de comunicación siempre agradecen la claridad con la que se expresa a pesar de lo complejo de algunos de los temas que le ocupan. Sin duda, su sólida formación jurídica le ha respaldado desde que accedió a la Portavocía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fiscal desde 1989, está especializada en Menores y en Siniestralidad Laboral. Llegó al Consejo a propuesta del PSOE y es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que ha sido presidenta. Desde su nombramiento en septiembre de 2008, la voz del órgano que rige a los jueces y, por ende, una fuente clave para su imagen pública, ha estado en las buenas manos de Gabriela Bravo Sanestanislao (Rafol de Salem -Valencia- 1963).

-La necesaria reforma de la Justicia, que usted ha calificado como profunda, ¿es factible en estos tiempos de tantas dificultades económicas?

“Sí, y muy necesaria precisamente en tiempos de crisis. Un sistema judicial eficiente y de calidad es fundamental para un desarrollo equilibrado de la economía, es un instrumento necesario para luchar contra la crisis, para actuar, desde parámetros de seguridad jurídica, en los mercados y para favorecer el tráfico económico. Aunque pudiera parecer lo contrario, invertir en Justicia es rentable, sobre todo en tiempos de dificultades”.

-Nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo ha manifestado su temor a un recorte en los presupuestos para la administración de Justicia. ¿Comparte tal apreciación?

“Corresponde al nuevo Gobierno que tomará posesión la próxima semana [mañana para el lector] decidir en qué áreas quiere invertir los recursos, ahora más escasos, a su disposición. Pero quiero recordar que el cambio que necesita la Justicia no depende solo de inyecciones económicas, sino también de un exhaustivo proceso de reformas legales que nos permita alumbrar un nuevo modelo judicial, más acorde con las necesidades de la sociedad española del siglo XXI”.

-¿Cómo valora las propuestas para implantar la mediación en lo Penal, lo Civil, lo Contencioso…?

“Son iniciativas positivas porque ofrecen vías para solucionar conflictos de todo tipo a menudo más rápidas y ágiles que las judiciales, lo que a su vez descarga a los órganos judiciales de asuntos menores. Pero han de implantarse con cuidado porque la celeridad en la búsqueda del acuerdo puede poner en peligro los derechos de alguna de las partes afectadas. Me preocupa, por ejemplo, que en muchos accidentes de tráfico se deja sin reproche penal imprudencias graves que ponen en peligro vidas humanas, porque la víctima prefiere el acuerdo que acelera el pago de la indemnización al proceso judicial”.

-Para que la mediación tenga un efecto positivo en un país como España, ¿no requiere un cambio cultural aparejado al meramente normativo?

“Los españoles saben que la administración de Justicia es la última garantía de sus derechos y libertades, y por tanto implantar la mediación y el arbitraje será un proceso lento que requerirá la modificación de muchas conductas sociales. E insisto en que, además, hay que hacerlo con las debidas cautelas”.

-El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar (2004-2007) ha preguntado en voz alta el por qué de la lentitud de la Justicia con los poderosos, en relación a casos de corrupción que se instruyen en la actualidad en Canarias. ¿Le responde?

“No es labor del Consejo General del Poder Judicial responder a dirigentes políticos, ni éstos deben interferir la labor judicial con sus declaraciones. La Justicia española trata a todos los ciudadanos por igual, y es más o menos lenta en función de los recursos a su disposición y de la complejidad de los sumarios que instruye, no del patrimonio de los implicados”.

-¿No se ha convertido la filtración de secretos sumariales en un arma político-mediática para algunos?

“En los últimos tiempos tanto algunos dirigentes políticos como medios de comunicación pretenden marcar el desarrollo de ciertos procesos judiciales que utilizan como arma en el debate partidista. Es algo que vulnera derechos de las personas investigadas, que pone en riesgo la propia investigación judicial y que provoca, cuando menos, el desconcierto en los ciudadanos. Por eso el Consejo General del Poder Judicial reclama desde hace tiempo que se regule de una manera más nítida el secreto del sumario”.

-Por último, ¿realmente es mejor juez quien más memoria tiene hoy en día? ¿Es hora de modificar las pruebas de acceso a la judicatura, fiscalía, etc?

“El Consejo General del Poder Judicial aprobó hace un año las bases sobre las que debería pivotar la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal. La apuesta que hicimos lo es por un sistema mixto, en el que junto a la capacidad memorística que acredite el suficiente conocimiento jurídico, los alumnos adquieran la capacidad y habilidad necesarias para interpretar y aplicar las leyes”.