J. F. J. | La Laguna
Paralelamente a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación del municipio (PGO), el Ayuntamiento de La Laguna tiene previsto afrontar, próximamente, la primera revisión del Plan Especial de Protección (PEP) del casco histórico, el documento que rige las condiciones y el alcance de las intervenciones urbanísticas permitidas en la zona protegida de la ciudad por la Unesco. María Luisa Cerrillos, directora del PEP, considera que “ha llegado el momento” de realizar cambios en este reglamento, aunque, eso sí, con un límite: “Los principios en los que está inspirado el PEP –ciudad habitada, habitable, accesible y con oportunidades- no van a cambiar”. En otras palabras: “La idea, por ejemplo, de hacer mucho más comercial el casco histórico en detrimento de la vivienda no va a ocurrir. Para nada”.
Fracaso colectivo
La arquitecta madrileña considera que ese camino podría desembocar en un fracaso colectivo: “Lo que nos hace diferentes es el nivel de calidad que tiene la ciudad. Sería un error estratégico, incluso comercialmente hablando, que La Laguna bajara su listón de calidad. Un grave error”. Cerrillos es más partidaria en estos momentos de fortalecer espíritu residencial y ciudadano del centro ciudad: “El comercio está muy bien, la ocupación de las calles por terrazas está muy bien, pero las plazas son de los ciudadanos, y no para que se invadan con usos comerciales. Las calles donde hay mayoritariamente residencia y vivienda necesitan sobre todo tranquilidad y silencio; que la gente pueda vivir. Hay una zonificación clarísima en el casco: las calles comerciales de La Laguna lo son desde el siglo XVIII y XIX”.
En su opinión, la revisión del PEP debe estar enfocada, sobre todo, a la actualización de las fichas de los inmuebles catalogados: “En estos años hemos podido entrar a muchísimas más casas que al principio y hay que revisar esas fichas. Hemos podido ver de verdad qué partes son auténticas y cuáles hay que conservar y cuáles no. En un principio, el Plan Especial estaba más volcado en la función de proteger, para evitar que no se demolieran cosas de valor, pero, afortunadamente, esta necesidad ya ha quedado atrás”.
La idea es que la modificación del documento se plasme en el transcurso del próximo año, un trámite “complejo y farragoso” que necesitará, encima, un desembolso económico por parte del Ayuntamiento: “La ley dice que la revisión debe seguir el mismo procedimiento que la redacción del documento original. Por ejemplo, si cambiamos la ordenanza de cincuenta casas pues hay que sacar esas cincuenta casas a información público. Y esa información hay que mandarla al servicio insular de Patrimonio y a la Cotmac. Es como si estuviéramos haciendo un plan general nuevo, así es la tramitación exigida. Después de la aprobación inicial, los propietarios podrán alegar, luego hay que hacer una serie de informes y un documento final que va a aprobación definitiva. El proceso será latoso y farragoso, y más ahora que no hay un duro”.
Todo ello, además, sin superar la línea roja de “la calidad”. “Con la que está cayendo, lo que se mantiene son las cosas de calidad. Liberalizarlo todo sería la peor de las decisiones”, insiste.
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