Día de la Constitución > Leopoldo Fernández

Aunque los propios políticos vienen devaluando la conmemoración anual de la Constitución española de 1978 para poder disfrutar de puentes, acueductos y fiestas varias, no por ello la efeméride pierde su importancia objetiva. Así lo prueban su propia durabilidad -que bate récords en este país tantas veces incivil y dominado por los autoritarismos-, su importancia como punto de encuentro de las dos Españas tan cruelmente enfrentadas, su aportación impagable al restablecimiento de la democracia como única forma legítima de gobierno y la fijación de las señas de identidad del país sobre la base del Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la soberanía del pueblo español, la igualdad de todos ante la ley, la solidaridad entre territorios y ciudadanos y la descentralización política y administrativa. Hija de un gran acuerdo constituyente, la Carta Magna ha permitido tres largas décadas de convivencia en paz y libertad, de indudables avances sociales y de una estabilidad política sin precedentes históricos. Por eso sigue bien vivo el proyecto nacido en el 78, aunque, como toda obra humana, presente algunas carencias e imperfecciones que en cuanto sea posible deberán ser corregidas entre todos. Como, entre otras, la sujeción de la sucesión de la Corona al principio de igualdad; la cita de cada una de las comunidades autónomas, no incluidas en la Constitución porque no existían como tales cuando fue aprobada; la reformar del Senado para convertirlo en un verdadero órgano de representación territorial o, en otro caso, desaparecerlo por caro e inútil; clarificar y ordenar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas; cerrar de una vez el proceso constituyente en relación con el artículo 150 de la Carta Magna de modo que, so pretexto de diferencias legítimas, no se fomenten desigualdades o se coarten libertades individuales; modificar la Ley Electoral, para hacerla más justa; propiciar una auténtica división de poderes para la imprescindible activación y regeneración democrática, así como introducir en el texto algunas referencias a la inmigración, a fenómenos comunicativos novedosos tipo Internet y a la facilitación de posibles reformas. Tampoco sería mala cosa acabar con algunas ambigüedades e indefiniciones, fruto inevitable del pacto constitucional de primera hora, ya que pueden dar pie a equívocos, y aventurerismos amenazantes para la arquitectura del Estado. Mientras llegan estas reformas, viables sólo bajo el paraguas del consenso, debemos felicitarnos por los avances de una ley fundamental que defiende tan amplio marco de derechos y libertades como nunca hemos tenido.