Lo de la Justicia en España es digno de estudio. Al mal funcionamiento, los retrasos, la falta de personal, la ausencia de medios o, incluso, las filtraciones, se une el desprestigio social. Todo eso, a veces, es el escudo para señalar que la Justicia hace lo que puede. Vale. Pero más allá, surgen los disparates, los desmanes, la falta de rigor y ética, de integridad profesional de los implicados en uno u otro lado. Un ejemplo. Levantado el resto del secreto de sumario del llamado Caso Las Teresitas, sorprende ver en un documento de diligencias previas publicado en diversos medios, no ya el listado de querellados, testigos o investigados o la resoluciones en sÃ, sino la relación de pinchazos telefónicos llevados a cabo por la policÃa ¡con los números consiguientes! en una vulneración, no sabemos si legal, pero sà ética, de los derechos de los investigados. Y no es que ese documento se maneje en las instancias judiciales, no, sino que es remitido a los medios de comunicación. Es decir que, en este caso, la procuradora de la acción popular, Carmen Quintero Hernández, retira la citada notificación y la misma aparece en menos de 24 horas colgada en diversos digitales. De vergüenza. Mientras, se supone que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estarán flipando. Se supone.