El Defensor del Profesor constata más “conflictos para dar clases”

FRAN DOMÍNGUEZ | Santa Cruz de Tenerife

La promulgación de una ley de autoridad docente y la implementación de medidas para mejorar la convivencia en los centros educativos en Canarias. Ésas son las dos principales medidas que propone el sindicato Anpe para el apoyo y la valoración de los profesionales de la enseñanza a tenor del análisis y de los resultados aportados por el Defensor del Profesor, un servicio puesto en marcha por esta organización en 2008 y que el curso pasado asistió a 117 docentes (65 por conflictos relacionados con alumnos, 36 por problemas con padres o familiares, y 16 por asuntos vinculados a la administración y equipos directivos).

Este instrumento, que abarca todos los niveles educativos del Archipiélago, excepto la enseñanza no universitaria, ofrece asesoramiento jurídico gratuito y es un buen termómetro para constatar, entre otros aspectos, la temperatura de conflictividad y violencia en las aulas.

De este modo, y tal como refleja la memoria 2010/2011 del Defensor del Profesor, se ha incrementado en más de un 15% -ascendiendo a un 85%- los docentes que denuncian problemas para dar clases.

“No es algo generalizado”

Así, y vinculados específicamente a conflictos con los alumnos, un 9% de los requerimientos notificados a este servicio tuvo que ver con las agresiones físicas a profesores, un 17% con faltas de respeto y un 26% con insultos. Sobre este aspecto, Pedro Crespo, portavoz de Anpe, remarcó que los casos de violencia no son, “afortunadamente, algo generalizado”, pero los que se han contabilizado “son muy graves”. “Por eso es necesario una ley de autoridad docente, como existe en comunidades, como Madrid, Valencia y La Rioja”, apuntó ayer Crespo.
El presidente de Anpe Canarias recordó que el anterior equipo gobernante de la Consejería de Educación promulgó en su momento un decreto de convivencia, “que es prácticamente una recomendación”, en el que el juez “no está obligado a cumplirlo, porque no es una ley”. También comentó la existencia de un protocolo de actuación en colaboración con las fiscalías de ambas provincias en caso de agresiones a docentes, “pero en la práctica no se utiliza”.

A su juicio, el servicio de Defensor del Profesor debe prestarlo la propia Consejería y no un sindicato, así como la implementación de medidas como el amparo legal a los profesores y la asistencia psicológica.

La memoria 2010/2011 también recoge los problemas relacionados con los progenitores de los alumnos. Así, refleja que un 4% de las denuncias al Defensor del Profesor son por agresiones, y el 10% por acoso, insultos y amenazas.

“Aunque las agresiones físicas de padres y alumnos no son frecuentes, aun así existe un 4% de denuncias, que dejan patente la irresponsabilidad de esa minoría de padres que, por defender a sus hijos en situaciones indefendibles, ejercen como agresores (…)”, señala el informe, que remarca que “llama poderosamente la atención que muchas veces estos hechos los sufren maestros de Educación Infantil”.

El Defensor del Profesor ha judicializado 16 casos de agresión de padres a docentes desde que se puso en marcha el servicio en Canarias. En estos momentos, hay cinco casos en manos del juez.