J. F. J. | La Laguna
Entre la documentación requerida por la Policía Judicial al Ayuntamiento de La Laguna, en el marco de una investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción Número 2 bajo secreto de sumario, se hallan los expedientes relativos a las ayudas para el alquiler concedidas por la empresa de vivienda Muvisa a un miembro del grupo de gobierno local y a un asesor municipal.
Se trata de la edil responsable del Organismo Autónomo de Cultura, la socialista María José Castañeda, y el personal de confianza Ricardo González, que ocupó el puesto número diecisiete en la lista electoral de CC-PNC-CCN en las últimas elecciones municipales, celebradas el pasado mes de mayo. Ambos residían en la vieja urbanización en calidad de propietarios, y desde hace algo más de un año se encuentran realojados en el barrio de San Bartolomé de Geneto y en el casco histórico, respectivamente.
Este gasto está siendo subvencionado por Muvisa, al igual que ocurre con la otra veintena larga de vecinos que también han tenido que abandonar su casa en Las Chumberas y recurrir a una vivienda alternativa de alquiler. Según datos de la propia empresa municipal, el desembolso global realizado en este concepto se acerca ya a los 400.000 euros.
Cuatro miembros de la Policía Judicial de Santa Cruz se personaron el pasado viernes, día 25, en las dependencias municipales solicitando una serie de documentación, tanto en la Gerencia de Urbanismo, como en Muvisa y en la Concejalía de Seguridad Ciudadana.
La investigación está siendo instruida por el magistrado César Romero Pamparacuatro. Con anterioridad, este juez era titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife y llevaba el caso Unión, con casi un centenar de imputados.
En relación con este caso, los concejales Ignacio Viciana y Juan Miguel Mena anunciaron días atrás que solicitarán, en representación de Por Tenerife (XTF) y Sí se puede, respectivamente, la comparecencia del gobierno local en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de La Laguna, para que informe sobre el alcance de las investigaciones policiales que, por orden del Juzgado Número 2 de San Cristóbal de La Laguna, se han realizado en diversas sedes municipales.
Ambos concejales de la oposición lagunera pedirán que se facilite al pleno corporativo “toda la información de la que disponga el gobierno municipal sobre el origen, el objeto y el alcance de las investigaciones en curso”, a la vista de la cual decidirán, avisan, “sobre la necesidad de personarse en dichas actuaciones judiciales”, en defensa de los intereses públicos.