El Partido Popular impulsa una reforma de la RIC en el Parlamento

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular (PP) de las Islas ha llevado al Parlamento una propuesta con la que impulsa una reforma de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC). La oposición plantea, mediante una proposición no de ley, vincular la aplicación de la RIC a que la empresa mantenga o incremente su personal en cinco años para acabar así con la “tensión interpretativa”.

Los populares defenderán en el pleno de la próxima semana una proposición no de ley en la que piden al Gobierno regional que inste al central una modificación en la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), en su artículo 27, que regula la RIC.

Este instrumento ofrece la posibilidad de que las empresas puedan no tributar en el Impuesto sobre Sociedades por sus beneficios. La condición es que no distribuyan los mismos a sus socios y los inmovilicen en la sociedad por largos periodos de tiempo para destinarlos a la realización de inversiones productivas creadoras de empleo.

El portavoz de Economía del grupo de la oposición, Jorge Rodríguez, señaló que el objetivo de la iniciativa es acabar con la “conflictividad y la tensión interpretativa” en cuanto a la aplicación de la RIC.

En la exposición de motivos, el PP explica que, en la norma en vigor, nunca se concretó el tipo de beneficio que debía generar una empresa en las Islas para la aplicación de la RIC. Sin embargo, a partir de 2001, continúan relatando, la inspección de la Agencia Tributaria comenzó a aplicar un criterio interpretativo “muy restrictivo”, a juicio de Rodríguez, y ajeno a la literalidad de la norma.

Con la reforma de la ley 19/1994, a partir de 2007 se introdujeron restricciones en el origen de los beneficios que podrían dar lugar a la dotación de la RIC, en coincidencia con los criterios que venían aplicando los inspectores tributarios.

Esto dio lugar a gran multitud de conflictos jurídicos por la interpretación que hacen los empresarios frente a la de los inspectores. El PP busca ahora acabar con la “inseguridad jurídica” de la aplicación de la RIC. Propone que el objetivo fundamental al que deben acomodarse los requisitos necesarios para disponer de ese beneficio fiscal debe venir referido a las inversiones pasadas y futuras, generadoras de empleo.

Es decir, una modificación del artículo 27.2 en el que se incluya que la vinculación de los beneficios con que se dote la reserva a una actividad económica se presumirá siempre que, en los cinco años siguientes a la dotación, la entidad implicada hubiera creado, mantenido o incrementado su plantilla de personal.

Los populares proponen, además, que el beneficiario, y a quien se le exijan los requisitos, no sea solo la empresa que realiza la inversión sino el grupo empresarial al que pertenezca. Se trata de que “se prime el mantenimiento del empleo en el tiempo”, y no solo en el momento de la materialización de la RIC, apuntó Rodríguez.