A. M. G. | Santa Cruz de Tenerife
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Manuel Fernández, ha presentado para su tramitación ante el Pleno del Parlamento de Canarias una proposición no de ley solicitando que la Cámara “inste al Gobierno a que arbitre las medidas urbanísticas y disposiciones legales correspondientes, para evitar que se consume el derribo de la fase del edificio de servicios -el mamotreto-, ya construida, según el proyecto de Perrault de las Teresitas”.
Fernández argumenta en su iniciativa que tras la constitución de la nueva Corporación Municipal de Santa Cruz, “hemos visto un despliegue de irreflexivas declaraciones sobre el futuro de la playa de Las Teresitas y, concretamente, sobre el derribo de esta parte de la obra de Perrault con carácter inmediato. Pensamos que tal decisión puede rayar la irresponsabilidad -asegura el diputado popular- al atentar gravemente sobre los dineros públicos, con desprecio absoluto al mal uso de los mismos y más en los tiempos de crisis actuales, sin importar quién ha pagado dichos caprichos y qué otras obras y servicios no se pueden acometer por decisiones más políticas que reales”.
Perjuicios
Manuel Fernández detalla que las inversión realizada en las obras tras el concurso público convocado por el Ayuntamiento asciende a 700.00 euros, a lo que hay que sumar la indemnización de 250.000 euros al arquitecto francés Dominique Perrault, para que renuncie a su proyecto, además de los 300.000 que se le pagaron por él, y las indemnizaciones que habrán de afrontarse como costes indirectos en concepto de paralización del proyecto para los técnicos y empresas adjudicatarias, sin contar los costes de las denuncias y procesos judiciales iniciados.
Según el diputado del PP, “se quiere ignorar los enormes costos realizados e incrementar nuevos y costosos gastos para su derribo, sin aportar alternativas viables y que indudablemente supondrán muchos años más con una maravillosa playa sin los servicios mínimos que demandan y necesitan los usuarios”. Concluye Fernández que los canarios no pueden asumir esta cadena de despropósitos y contradicciones a costa de los dineros públicos.