Gobernar > Francisco Pomares

La gente espera de sus gobiernos todo tipo de cosas, muchas de ellas bastante peregrinas. De los de ahora, esperamos que adopten medidas sensatas que contribuyan a atajar la crisis, crear empleo y garantizar los servicios esenciales.

También esperamos que no se queden cruzados de brazos ante ciertas injusticias, sean esas injusticias responsabilidad directa del Gobierno o no lo sean. Por ejemplo: cualquier Gobierno ganaría muchísimos puntos ante la población si actuara de oficio para pedir responsabilidades a aquella señora que fue directora general de la Caja del Mediterráneo y la llevó a la quiebra, y después se autoadjudicó una pensión vitalicia de casi 400.000 euros anuales, y acaba ahora de inscribirse en el paro para cobrar su prestación por desempleo. Algo habría que hacer para evitar este cúmulo de despropósitos, pero los Gobiernos, por desgracia, de esas cosas no se ocupan. Sí indultan con más o menos disimulo a banqueros inhabilitados por el Tribunal Supremo, pero no llevan a los juzgados a banqueros inhabilitables. Los Gobiernos le deben mucho dinero a los bancos y no quieren líos con ellos.

En los ratos libres en los que sus miembros no andan peleándose con otros políticos y llenando de declaraciones inútiles los medios de comunicación, los gobiernos prefieren ocuparse de lo que creen que de verdad les compete: redactar los presupuestos, encargar estudios, contratar obras y pagar nóminas…

En estos días, todas esas cosas que suelen hacer los gobiernos están en peligro porque no hay un duro, porque la economía está agotada y la caja de lo público -que se llena sableando la economía con impuestos- está vacía. Éste sería, pues, un buen momento para que algún Gobierno de los muchísimos que hay en este país recordara que pagar todos los años 400.000 euros a quien arruinó una caja en la que ha habido que inyectar casi tres mil millones de euros de fondos públicos, también contribuye a que la caja del Gobierno se vacíe.

Por ejemplo: pagar esos casi tres mil millones que hubo que inyectarle a la Caja del Mediterráneo para que sus impositores pudieran sacar el dinero de sus cuentas (y también para que sus directivos se indemnizaran a sí mismos con millones de euros), le costó al Gobierno todo lo que logró ahorrar congelando las pensiones durante dos años.

Y las cifras no son mías, son de la (todavía) ministra de Hacienda. ¿Por qué ante eso no se hace nada? Pues porque gobernar hace ya tiempo que dejó de ser competencia de los gobiernos.