Infancia y Familia será una de las áreas más afectadas por los recortes del Gobierno Canario según los trabajadores sociales

EUROPA PRESS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, David Muñoz, y la representante de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), Koldobi Velasco, han visto a Infancia y Familia como una de las áreas más afectadas por el recorte presupuestario del Gobierno canario en materia de políticas sociales para el año que viene.

Según pusieron de manifiesto este viernes durante una comparecencia ante los medios de comunicación, serán 43 millones menos los que el Ejecutivo regional destinará en 2012 a los servicios sociales, que se suman a los recortes sufridos durante los últimos años.

En total, explicaron que la Administración regional destinará 140 millones de euros menos que en la Ley de Presupuestos de hace tres años.

Muñoz manifestó aquí el malestar del colectivo por la situación que atraviesan los servicios sociales en las islas, señalando que el recorte presupuestario es un “gran retroceso” en lo que es la conservación del sistema público en Canarias.

Áreas más afectadas

“Las partidas presupuestarias más afectadas por los recortes en servicios sociales son Infancia y Familia, fomento de la inclusión y toda la realidad de prestaciones, ayudas sociales y el apoyo a las prestaciones básicas”, dijo la representante de Redesscan.

En este punto, Velasco explicó que el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población canaria, especialmente de las personas que sufren la pobreza (una de cada tres personas), la exclusión social (la extrema es la más alta de todo el Estado español), la desigualdad, el desempleo (300.000 personas), la explotación…

Entendió que la caída en los niveles de empleo supone, inevitablemente, un aumento de las necesidades sociales. Aunque con retrasos, existe evidencia de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementan los niveles de desigualdad y pobreza de la población.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de estadística, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social a la que llega la población a nivel nacional aumenta del 24% al 25,5% durante los años 2004 al 2010, pudiendo llegar en el año que está terminando (2011) al 27%.

En Canarias, este dato aumenta hasta el 35,5% en el año 2010, 10 puntos por encima de la media nacional. Es decir, 3 de cada 10 personas en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social, aproximadamente 752.074 personas. Según la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre del 2011, la tasa de paro a nivel nacional es del 21,52%. En Canarias, alcanza casi el 30%.

Freno a la “destrucción” de los servicios sociales

Así, bajo el lema ‘Derechos sociales y servicios sociales para todas las personas, ni un recorte’, la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, han exigido al Gobierno de Canarias el freno a la “destrucción” de los servicios sociales en las islas.

“Exigimos el pago inmediato de todas las prestaciones y ayudas de servicios sociales concedidas y no abonadas; el freno a la destrucción y cierre de los servicios sociales en las islas, rescatando al sistema público de servicios sociales del abandono y su siempre insuficiente financiación; la dotación suficiente, estable y necesaria de los servicios sociales, incrementando el presupuesto para su desarrollo, en las diferentes administraciones públicas, estatal, autonómica y local”, apuntaron ambas instituciones.

Ambas organizaciones entienden que existe un inadecuada gestión del dinero público, “que se invierte en áreas que no son prioritarias en estos momentos y que dejan en precario el sistema de servicios sociales público”.

Solicitaron también que se garantice por parte de la responsabilidad pública la redistribución de la riqueza, unas rentas económicas incondicionales y básicas, el acceso a los derechos sociales, la justicia y la igualdad, para toda la población, con prioridad para aquellos colectivos más afectados.

Por su parte, alertaron que esta “alarmante y gravísima” situación, requiere “no sólo la eliminación de la disminución de las partidas dedicadas a Servicios Sociales, sino su aumento, hasta que la financiación sea suficiente, estable y segura para dar cobertura a las necesidades básicas de toda la población y garantice el acceso a los derechos para todas las personas”.