La Fiscalía pide 1.180 años de cárcel para los etarras acusados del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola

EFE | Madrid

La Audiencia Nacional juzga el próximo jueves a los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) en 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de seis años, hechos por los que la Fiscalía pide 1.180 años de cárcel.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que sobre las 20:15 horas del 4 de agosto de 2002 Zelarain y Otegi, que formaban parte del comando “Argala” de ETA, “explosionaron un coche-bomba que habían estacionado junto a la valla del acuartelamiento (…) con intención de matar a cuantas personas se encontrasen en su interior”.

El Ministerio Público destaca que “el vehículo fue instalado sin previo aviso al objeto de lograr el mayor número posible de víctimas y a una hora en la que presumían que los agentes residentes en las viviendas de la casa cuartel se encontrasen cenando y, por tanto, lograr así la mayor lesividad posible”.

La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez, de 6 años, hija de un miembro de la Guardia Civil que vivía en el cuartel, y del jubilado Cecilio Gallego, de 57 años, que se encontraba en una calle contigua al edificio esperando el autobús.

Además, otras 55 personas resultaron heridas de diversa consideración y hubo cuantiosos daños materiales, especialmente en el acuartelamiento, cuya reconstrucción costó más de seis millones de euros.

El vehículo utilizado como coche-bomba, un Ford Escort, había sido robado en Francia el 5 de junio de 2002 y las placas de matrícula que le fueron colocadas correspondían a una partida robada por ETA en Eibar (Guipúzcoa) el 20 de noviembre de 1999.

El artefacto colocado en su interior, según el fiscal, contenía unos cien kilos de explosivo “y su sistema de iniciación sería eléctrico con un sistema de activación temporizada”.

El representante del Ministerio Público afirma que Zelarain, alias “Peio”, y Otegi, “Iosu”, se hospedaron los días anteriores al atentado en el cámping Bahía de Santa Pola, a unos cuatrocientos metros del cuartel, y que se desplazaron en un ciclomotor alquilado y en bicicleta para grabar su objetivo.

Así se pudo comprobar tras la detención de ambos en Bagneres de Luchon (Francia) el 20 de septiembre de 2002, ya que se les intervino una cinta de vídeo -en la que había una huella dactilar de Otegi- “con grabación de imágenes del acuartelamiento de la Guardia Civil de Santa Pola”, así como fotos del mismo lugar.

Los dos etarras también tenían en su poder croquis de cuarteles del instituto armado de Alicante y de Torrevieja y un listado de matrículas y modelos de coches de la zona para “doblar” las placas.

Por último, en la causa obra una “autocrítica” manuscrita por Otegi -que se intervino al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, “Susper”- en la que él mismo y Zelarain “relatan de modo preciso su actuación en España en el verano de 2002 y, en concreto, realizan menciones relativas a los atentados cometidos por ellos en la zona de Santa Pola y Torrevieja”.

El fiscal considera a los procesados autores de un delito de estragos terroristas, por el que pide 20 años de prisión, de dos de asesinato terrorista, por cada uno de los cuales solicita 30 años de cárcel, y de 55 de asesinato terrorista en grado de tentativa, por cada uno de los cuales pide otros 20 años de prisión.