Los pescadores piden 28 millones, 20 más que lo dicho por el consejero

EFE-DIARIO DE AVISOS | Las Palmas de Gran Canaria

Los cuatrocientos pescadores canarios con opciones de pesca hasta febrero de 2012 en aguas de Marruecos, en virtud de la prórroga acordada por la UE del acuerdo de pesca con ese país africano (anulada la semana pasada por el Parlamento Europeo), creen que deben ser compensados con unos 28 millones de euros tras el veto político del Parlamento Europeo.

Así lo manifestó ayer el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, Gabriel Jiménez, tras reunirse con el consejero canario de Pesca, Juan Ramón Hernández. Cuantificó entre 30.000 y 1.300 euros las ayudas que deben percibir armadores y pescadores por no poder seguir faenando en el banco pesquero canario-sahariano, el único caladero apto para la pesca artesanal propia de Canarias. Jiménez consideró “una falacia” los argumentos esgrimidos por la UE a la hora de justificar ese veto, relacionados con los daños medioambientales que causa la flota española que pesca en las aguas marroquíes, donde, por contra, dijo, trabajan barcos “súper arrastreros holandeses, rusos y chinos”, a los que se podrían sumar más de veinte buques japoneses.

El representante de las cofradías de Las Palmas cree que el Gobierno español “se ha quedado corto” al solicitar a la UE compensaciones por valor de 30 millones de euros para la totalidad de la flota nacional afectada por el veto al acuerdo pesquero. De igual forma, confió en que este acuerdo se pueda retomar porque, de lo contrario, “muchos barcos irán al desguace, lo que implicaría romper tejido productivo en Canarias y aumentar el alto índice de paro que registra esta comunidad autónoma”. Los 25 barcos canarios que faenaban en aguas de Marruecos han capturado este año 5.500 toneladas de pescado, lo que ha supuesto unos ingresos de 7,1 millones de euros. El consejero de Pesca del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, subrayó su preocupación por este veto porque, en su opinión “ha sido auspiciado por la propia comisaria, desde unos posicionamientos políticos que no han tenido en cuenta los intereses generales de Canarias”. Hernández había reclamado al Gobierno central 7,5 millones en compensaciones.