Los sindicatos reclaman que respeten “los procedimientos democráticos” si modifica el Tratado de Lisboa

EFE | Bruselas

La Confederación de Sindicatos Europeos (CES) reclamó hoy a los líderes de la UE que respeten “los procedimientos democráticos” si finalmente deciden modificar el Tratado de Lisboa para garantizar una mayor disciplina fiscal, y afirmó que dicho cambio “no es una prioridad” en estos momentos.

En una carta enviada a los líderes de la Unión Europea (UE) y hecha pública hoy, los representantes sindicales comunitarios solicitan que se les permita participar en las discusiones sobre la propuesta para cambiar el Tratado, que se analizará en la cumbre de los próximos días 8 y 9 en Bruselas.

A juicio de los sindicatos, el cambio del Tratado “no es una prioridad inmediata en las circunstancias actuales”, ya que se pueden encontrar “soluciones constructivas para responder a la amenaza existencial que afronta la UE en los textos existentes”.

La aprobación de cualquier modificación “debe depender del respeto de los procedimientos democráticos”, así como tener en cuenta “sus consecuencias sociales”, subraya la confederación.

“No aceptamos que los cambios que en estos momentos se están discutiendo se hagan pasar como simples enmiendas técnicas”, añaden los sindicatos.

La CES pide que se respeten “los derechos de negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales”, y advierte de que las exigencias de la UE sobre recortes sociales constituyen “mensajes negativos” que alimentan “la agitación social y los sentimientos antieuropeos”.

Los sindicatos recalcan que las medidas de austeridad impuestas a los países “más débiles” no han tenido los resultados esperados, sino que en la mayoría de los casos han agravado la situación.

Por ello, los sindicatos instan a los líderes europeos a “tomar medidas urgentes y constructivas” para combatir el paro y la pobreza que afectan “a millones de europeos”.

En concreto, proponen “una acción de envergadura” del Banco Central Europeo (BCE) en forma de emisión de euro-obligaciones, la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras, medidas para lograr “la justicia fiscal” y la estabilización de las finanzas pública “a más largo plazo”.