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Santa Cruz acumula el 40% de las licencias de taxis de la provincia

   

El sector se manifestó ante el Ayuntamiento en contra del acuerdo. | DA

NATALIA TORRES | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un sector sobredimensionado es el que presenta Santa Cruz de Tenerife en lo que al número de taxis que circulan por sus calles se refiere. Al menos así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cuanto a la evolución del sector desde 1994 hasta 2011 y en los que se refleja que, de las 2.653 licencias que hay en la provincia, 1.096 se concentran en la capital, lo que viene a representar el 40% del total.

Esa sobredimensión es lo que ha llevado al sector a pedir de forma reiterada el rescate de licencias para así adecuar la oferta a la demanda, una acuerdo que finalmente ha sido firmado por el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo de Tenerife pero sin atender a las peticiones del sector. La retirada de 180 licencias en los tres próximos años, con un coste cada una de unos 40.000 euros y un presupuesto en el que la Corporación insular aporta 300.000 euros y el Ayuntamiento 500.000, son las claves del documento que se ratificó entre ambas instituciones el pasado miércoles y que cuenta con el rechazo frontal de los taxistas de Santa Cruz. “No es suficiente”, asegura Domingo Lara, secretario de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (Utat), entre otras cosas porque, “no se ha contado con los interesados para llevarlo a cabo”.

Lara enumeró los motivos por los que rechazan el acuerdo: “primero, porque el precio no es el que se había acordado con nosotros; en segundo lugar, y lo que es más importante, con la retirada de ese número de licencias no se llega a la ratio adecuada de 2,5 por cada mil habitantes -en la actualidad es de 5 por cada mil-; y tercero, porque el pago no está garantizado y el número que han propuesto para retirar por año no ayuda en nada”.

Otra de las cosas a las que se oponen los taxistas es a que “pueden cambiar el convenio cuando quieran y mañana decidir otra cosa nuevamente sin contar con nosotros”. Y por último, “si ese dinero se tipifica como una subvención, que es lo que pretenden y no como una indemnización, nos obligaría a pagar a Hacienda la parte proporcional, por lo que realmente no serían 40.000 euros sino 32.000 mil si calculamos que debemos pagar unos 8.000 euros al Estado”.

Según Lara, estos son motivos más que suficientes para rechazar el acuerdo que ya es un hecho. Preguntado sobre por qué se les debe indemnizar, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores cuando cesan en su labor, Lara defiende que “fueron ellos (las instituciones) los que crearon el problema, generando una oferta superior a la demanda” e insiste en que “no es pagar por pagar, las instituciones crearon un perjuicio y por ello deben indemnizar”.

Desde el sector además se quejan del “maltrato” institucional a la hora de regular el sector. “desde el retraso en respondernos a la ampliación de paradas que hemos pedido hasta la negativa de incrementar los carriles bus-taxi”. Lara defiende la importancia de un sector que, en tiempos de crisis, “es capaz de mover a 12.600.000 personas sólo dentro de Santa Cruz”.