Trabajo ha levantado 220 actas por emplear a inmigrantes irregulares

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La crisis económica, que sacude con fuerza los mercados bursátiles, las empresas y las economías domésticas, también está provocando un aumento de la picaresca, con los inmigrantes como damnificados. De hecho, en los tres últimos años han proliferado los empresarios que, aun a riesgo de ser sancionados, están contratando a extranjeros sin permiso de trabajo, mano de obra barata que a menudo ocupa puestos a los ni siquiera quieren acceder los nacionales. Como no podía ser de otro modo, Canarias es una excepción. Según datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Tenerife, desde 2009 se han levantado 220 actas de infracción por contrataciones de inmigrantes sin papeles, que supusieron más de 1,5 millones de euros en multas.

Como explica Miguel Rafael García, jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, “se levanta un acta y se impone una sanción por cada persona que se encuentra en la empresa trabajando de manera irregular, y la sanción mínima es de 10.000 euros”.

“Se sanciona a la empresa que tiene a un trabajador ilegal, pero también al trabajador sin permiso de trabajo que trabaja por cuenta propia, aunque la cantidad es inferior, entre los 600 y los 6.000 euros”, agrega Miguel Rafael García, quien subraya que, “fundamentalmente, se sanciona a la persona que se aprovecha de la irregularidad de un trabajador extranjero”.

Una vez hecha la actuación, es la policía quien tramita el expediente de expulsión de la persona, que debe ser ratificado por la Subdelegación del Gobierno.
“Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nos suelen acompañar cuando hacemos inspecciones en horario nocturno o en centros de trabajo ilegales, por motivos de seguridad”, denota el jefe de la Unidad de Inspectores, quien asegura que “trabajamos mucho con las brigadas de Extranjería, aunque las acciones son independientes”.

A medida que avanzaba la crisis, el número de extranjeros en situación irregular que están trabajando en empresas en Tenerife es cada vez es menor. Así, mientras en 2007 se contabilizaron 173 infracciones de este tipo, en 2009, por ejemplo, sólo se levantaron 99 actas de fraude; una cifra que incluso será inferior este año, ya que hasta el 15 de diciembre sólo se habían producido 55 infracciones, que supusieron 486.000 euros en multas.

“Muchos extranjeros han optado por volver a sus países de origen, en todos los sectores”, denota Miguel Rafael García, que asegura que “la propia policía, a través de las unidades de Extranjería, también nos han comunicado que están observando muchas menos incidencias que antes de la crisis”.

El proceso que precede a estas sanciones suele ser siempre el mismo, a partir de una inspección o de una denuncia. “En el caso de inmigrantes en situación irregular, apenas hay denuncias, porque las personas tienen miedo a quedarse sin trabajo. Suelen ser visitas planificadas por nosotros, aunque a nivel general también el Inem o la Tesorería nos piden que intervengamos en algún sitio”, expone el inspector, quien afirma que “todos los años se organizan y planifican determinadas actuaciones en todos los sectores”.

En Tenerife, donde más incidencias de fraude hay en la actualidad es en sectores como la hostelería, los servicios y el comercio; en otros, como la construcción o la agricultura, se han potenciado mucho las inspecciones en los últimos años, porque hasta 2009 eran las áreas donde existía más irregularidad. Por zonas, el Sur es donde se producen más infracciones, porque es donde hay más sectores productivos y volumen de actividad.

“Hay zonas o empresas donde existen muchos antecedentes de irregularidades, pero en otros casos vamos a ciegas. En ocasiones, es la propia policía la que nos notifica que están investigando a entidades donde se pueden producir situaciones fraudulentas”, arguye Miguel García, quien declara que, por nacionalidades, el mayor número de actas corresponden a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Colombia.

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Más picaresca

Paradójicamente, casi en la misma medida en que han decrecido el número de actas levantadas por contratar a inmigrantes en situación irregular, ha aumentado el número de actuaciones de la Inspección de Trabajo en lo que se refiere a trabajadores nacionales y comunitarios. Según asegura el jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, Miguel Rafael García, “la economía sumergida ha crecido mucho, sobre todo en lo que se refiere a personas que están trabajando y cobrando el paro y personas que trabajan sin estar dadas de alta”. De hecho, sólo en 2011, por faltas de alta en empresas de la provincia, se produjeron 825 infracciones, lo que supuso cerca de 900.000 euros en multas. Mientras, se regularizaron de oficio, y debido a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, un total de 2.784 personas. En lo que va de año, se levantaron 136 actas de desempleados que estaban trabajando y cobrando el paro.

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