EFE | Las Palmas / Madrid
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dicho este martes que le parece “positivo” todo lo que signifique racionalizar recursos y mayor eficiencia en la organización de la representación en el exterior de las comunidades autónomas españolas.
Rivero ha recordado que el cierre de las oficinas de representación internacional de las distintas comunidades no es una competencia del Gobierno del Estado, sino que el Estado les ha ofrecido que determinados servicios que prestan algunas autonomías en el exterior se hagan a través de sus espacios.
“La representación que tiene Canarias en Bruselas, Caracas o Madrid es porque nosotros vivimos donde vivimos, no lo hacemos en el continente, y con respecto a Europa tenemos una serie de singularidades que no las tiene Cataluña o el País Vasco ni ninguna otra comunidad, y por lo tanto tenemos que tener esa representación para defender nuestros intereses”, ha subrayado.
Otras comunidades se muestran a favor, aunque la mayoría todavía no se pronunciado, y Cataluña se niega
Varias comunidades se han mostrado a favor de la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de concentrar en las embajadas españolas a los funcionarios autonómicos, aunque la mayoría todavía no se ha querido pronunciar, y Cataluña ya ha dado la espalda a esta medida.
Así se desprende de la consulta de Efe a los diferentes Gobiernos regionales respecto a esta idea que ayer lanzó el nuevo titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, para evitar duplicidades y que las comunidades ahorren gastos de representación en el exterior.
Según los últimos datos ofrecidos por el anterior Gobierno, las comunidades contaban el pasado año con cerca de 200 oficinas en el extranjero, principalmente de promoción económica y turística.
Las autonomías con más oficinas en el extranjero, de las 192 existentes, son Cataluña (48), la Comunidad Valenciana (23), Andalucía (22), Asturias (17), Galicia (12) y Murcia (12), aunque estos datos corresponden a 2010.
Ahora la cifra es inferior puesto que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha y Asturias, han eliminado su oficina en Bruselas después de que tomaran las riendas de sus ejecutivos María Dolores de Cospedal (PP) y Francisco Álvarez-Cascos (Foro de Asturias).
Los primeros Gobiernos autonómicos que han mostrado su apoyo a la iniciativa de García-Margallo han sido los Cantabria y La Rioja.
El Ejecutivo riojano, presidido por Pedro Sanz, ya le ha transmitido al ministro, tanto en una conversación telefónica como por carta, que está de acuerdo con integrar a la funcionaria que trabaja en la oficina de Bruselas en la embajada española.
Con esta medida se ahorrarían 60.000 euros anuales para el Gobierno autonómico, que considera que el trabajo que realiza esta persona se mantendría con las mismas características, aunque dentro de la embajada.
Cantabria apoya también esta iniciativa para crear sinergias y “hacer las cosas más sencillas”, además de poder ahorrar costes en la labor de promoción de la comunidad en el exterior, según la Consejería de Innovación, Turismo y Comercio.
La Comunidad Valenciana, a través de su vicepresidente, José Císcar, ha valorado esta propuesta de García-Margallo, ya que es “bienvenido” todo lo que sea “austeridad, optimización de recursos y eficacia”.
Otras comunidades han decidido no posicionarse todavía sobre esta propuesta hasta que no sea detallada, como es el caso de Galicia, País Vasco, Castilla y León y Navarra.
Tampoco ha querido entrar a evaluar esta propuesta la comunidad andaluza, ya que esta región “no tiene embajadas”, según su presidente, José Antonio Griñán.
Cataluña, la comunidad con más oficinas, ya ha avisado de que mantendrá su perfil propio en el extranjero y ha descartado que su personal se instale en las embajadas españolas, aunque ha insistido en que tiene la voluntad de “colaborar en lo que se pueda” con éstas.
El presidente catalán, Artur Mas, ha dejado claro que la Generalitat no se “subsumirá” en el Estado para hacer su política de acción exterior, centrada ahora en aspectos económicos y culturales, si bien ha insistido en que no dará “la espalda a las embajadas”.
El Gobierno catalán aprobó la semana pasada un plan de reestructuración de sus oficinas en el extranjero que, entre otros objetivos, busca reducir costes y centrar la atención en áreas geográficas imprescindibles para la internacionalización de las empresas catalanas.