En el mes de diciembre, los desempleados inscritos en el Inem ascendieron a 265.569 personas en Canarias, con una reducción de 644 desempleados respecto al mes anterior y un incremento de 10.949 personas respecto a diciembre de 2010. A pesar de su impacto mediático, la estadística de paro registrado no es demasiado relevante para el análisis de coyuntura económica, ya que es un indicador parcial del número de desempleados. Ni todos los que demandan trabajo se registran en las oficinas de empleo ni todos los inscritos buscan activamente empleo sino otra serie de beneficios sociales que obligan a la inscripción. En los últimos meses, su evolución parece más errática de lo acostumbrado, pues los desempleados de larga duración que pierden su derecho a percibir prestaciones no ven motivos para seguir renovando su registro en las oficinas de empleo. Por este motivo, el método más fiable para medir el desempleo real es la Encuesta de Población Activa (EPA), que se publicará el próximo 27 de enero y que, según nuestras estimaciones, revelará unos 335.000 desempleados, nada menos.
El dato de afiliación a la Seguridad Social es más importante y fiable. En diciembre, los afiliados disminuyeron en 1.925 personas en Canarias respecto al mes anterior, y en 10.542 respecto al año precedente. Como anticipábamos en noviembre, se confirma la tendencia hacia la destrucción de empleo en tasas interanuales (-0,5% i.a., tal y como se muestra en el gráfico), así como en tasas trimestrales (-0,2%).
Que la afiliación media se haya reducido respecto al trimestre anterior, en un trimestre estacionalmente tan positivo para el empleo en Canarias por el inicio de la temporada alta turística y la campaña de compras de Navidad, muestra que la economía se encamina de nuevo hacia la recesión. Esta recaída está causada por la falta de liderazgo político europeo, que ha convertido un problema de sobrendeudamiento en una crisis de deuda sistémica y ha cerrado por completo el flujo crediticio. Resulta difícil encontrar precedentes de una crisis alimentada por las mismas autoridades políticas que, teóricamente, deberían combatirla. Desgraciadamente, los ciudadanos europeos no podemos castigar en las urnas su incompetencia… Otro gallo nos cantaría si pudiésemos votar a Merkel o Sarkozy. En España, a los fríos vientos que vienen de Europa se unen nuestras propias tempestades. El nuevo Gobierno ha anticipado que el objetivo de déficit del año 2011 ha saltado por los aires y ascenderá al 8% sobre el PIB o incluso más. Todas las administraciones parecen haber incumplido con sus obligaciones de control presupuestario, pero la palma se la llevan las comunidades autónomas. En un año repleto de citas electorales, nuestros dirigentes han vuelto a hacer gala de su irresponsabilidad y nos han conducido a un paso de la ruina. En la práctica, 2011 ha sido un año perdido y, si se quiere evitar que nuestra credibilidad se asemeje a la griega y acabemos como ellos, ahora deberemos hacer en menos de un año lo que debimos hacer en dos. Así que toca reducir el déficit entre 38.000 y 45.000 millones de euros de aquí a diciembre. Casi nada. No es uno de los trabajos de Hércules, pero se aproxima. Para empezar, el Gobierno ha aprobado unas medidas que suponen unos 16.000 millones de euros de ajuste. Y alrededor del 40% del peso recae sobre la clase media que, vía IRPF, se encargará de tapar los agujeros del despilfarro público.
Y lo peor está aún por venir. Lo injusto del ajuste radica en la existencia de unos colectivos “intocables”. Si el administrador de una empresa privada debe declarar concurso de acreedores cuando prevé que será incapaz de hacer frente a sus pagos, y si no lo hace se arriesga a afrontar incluso responsabilidades penales…, ¿por qué no se aplica la misma legislación a los gestores públicos y financieros si han llevado a la quiebra a la tercera parte de las comunidades autónomas y cajas de ahorro y al 80% de los municipios sin el menor escrúpulo? Que uno de esos expresidentes autonómicos en la ruina se permita ahora declarar “soy un político, no un contable” muestra la negligencia, dejadez e impunidad con la que se derrochan los recursos públicos. Puestos a ajustar, ¿por qué no se reduce el exagerado número de pequeños municipios que carecen de tamaño para prestar eficientemente sus servicios?
El ahorro anual en gasto corriente y cargos públicos ascendería a nada menos que 16.000 millones de euros. Para la aceptación social de los inevitables sacrificios a realizar, es preciso un reparto más equitativo y justo de los recortes, y que los costes no recaigan siempre sobre los mismos.
En fin. Que nos espera un año muy duro y no exento de penalidades.
Quizás para terminar sea conveniente recobrar algo de distancia y ganar perspectiva histórica, como hizo Mariano Guindal en su artículo De la chabola al chalet, en La Vanguardia. En él recuerda que “cuando la gente dice que ésta es la peor crisis desde hace 80 años, yo les recuerdo que ésta es la crisis de un país rico, lo otro era la crisis de un país pobre”. Hemos estado peor y siempre salimos adelante. Ahora toca remangarse y empujar cuesta arriba esta losa que nos han echado encima.