DOMINGO NEGRÍN MORENO |Santa Cruz de Tenerife

El 27,2% de los salarios pagados en Canarias son públicos, frente al 40,5% de Extremadura, por arriba, y el 12,9% de Cataluña, por abajo. Así consta en un informe publicado por la Fundación BBVA sobre las diferencias regionales del sector público español, que analiza el comportamiento de todas las administraciones autonómicas.

El estudio atribuye esa disparidad a un abanico de causas: “En algunos casos se debe a los menores recursos públicos, pero en otros se asocia a la preferencia por la concertación privada de servicios públicos, la mayor o menor demanda privada de educación y sanidad”.

Además, subraya el BBVA, “la existencia de más actividad, más empleo y mayores salarios privados reduce el peso de lo público en su conjunto”.

El secretario de Economía y Política Sectorial de Comisiones Obreras en Canarias, Carmelo Jorge, explica que cuanto más ricas sean las comunidades tanto mayor será el nivel del sector privado: “Allí donde hay una industria potente y una burguesía comercial poderosa, el impacto de lo público se nota menos, aun con los mismos funcionarios que en otras”.

Alrededor de un tercio del gasto público se concentra en educación y sanidad, capítulo en el que Canarias supera la media nacional, con 1.078 y 1.256 euros, respectivamente.

El mencionado documento recoge que el porcentaje del valor añadido público (VAB) respecto al PIB en España era en 2010 del 13,4%, “similar al de otros países de nuestro entorno (menor que el de Francia, Italia y Reino Unido, y algo superior al de Alemania)”. Dentro de España, sin embargo, el índice del VAB público en el PIB de cada región es muy distinto.

En 2008, el 14,7% del PIB regional canario era de procedencia pública. Mientras en Extremadura era del 22,3%, en Cataluña lo era del 7,4% y en el País Vasco y la Comunidad de Madrid no superaba el 10%.

Aquí “influyen el grado de desarrollo y las decisiones de las comunidades de prestar servicios en régimen de producción pública o privada”.

La investigación cuestiona la tesis de que hay un problema generalizado de exceso de gasto y que este se deriva de la descentralización. Por el contrario, precisan los autores, “los datos ofrecen argumentos para sostener que la actuación territorial del sector público en España es muy desigual y que no responde a patrones o criterios claros de necesidad, sino a motivos que tienen que ver con la trayectoria histórica y con la capacidad de los territorios de condicionar las decisiones del Estado”.

Las asimetrías en las actuaciones públicas “no niegan la existencia de solidaridad interregional, pero la hacen confusa en diversos ámbitos, pues algunas regiones con problemas similares no reciben igual trato”.

La Fundación BBVA concluye que las distancias interregionales “condicionan la igualdad de acceso a los servicios públicos básicos e impulsan el endeudamiento en algunas comunidades autónomas, como Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia”. En otros territorios, como Cataluña y, en los últimos años, Castilla-La Mancha, “el nivel de endeudamiento es importante sin que sus recursos sean inferiores a la media”.

“Es obvio que el gasto público ha disminuido en los últimos ejercicios”, apunta Carmelo Jorge. “Y la sensación de que en Canarias hay un gasto público desmedido va en función de que tenemos un 30% de la población activa en paro”.

Eso indica, desde su punto de vista, “un raquitismo del sector privado que hace ver el espejismo de que tenemos un sector público desmesurado”.

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Tutela de derechos y servicios

El secretario de Economía y Política Sectorial de CC.OO. en Canarias considera irremediable abordar algún tipo de excedente en la Administración: “No porque sea grande, sino porque en función de lo que genere el sector privado no podremos mantenerla”.

El sector público se financia con la actividad privada, arguye Carmelo Jorge. “No se autofinancia, porque no es esa su finalidad”. Por ello, añade, “es muy probable que debamos ajustar la Administración al menos hasta que superemos esta situación o afrontar una redistribución”. El dirigente sindical expone que hay consejerías que se han “hipertrofiado” por pérdida de carga de trabajo, como la de Obras Públicas.

Su teoría es que la Administración pública actual, heredada del modelo francés, “ha sido muy útil a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos, de regular las libertades políticas y la tutela judicial”. Para eso, comenta, “sí se requiere al típico funcionario metódico, que aplica las normas a rajatabla, porque un juez creativo es un problema”. En cambio, puntualiza, “cuando llega el momento de que esa Administración preste servicios, ese esquema no sirve”. A su entender, hay que ser ágil, rápido y creativo. “Ahí, la creatividad hay que estimularla, no perseguirla. El problema es que con el mismo modelo de Administración intentamos a la vez tutelar derechos y prestar servicios. Y yo creo que algún día habremos de encarar ese debate, porque no vale para las dos cosas”.

La garantía de que haya flexibilidad sin que se menoscaben los derechos de los ciudadanos a una Administración pública independiente es, según Carmelo Jorge, la negociación colectiva. “Sería incongruente eliminar las rigideces y no otorgar derecho de negociación colectiva”.

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