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El adelanto de la universidad privada tiene como “escollo” la sede

La parcela anexa al centro de ocio de San Agustín es el lugar previsto inicialmente para la UEC. / MOISÉS PÉREZ

FRAN DOMÍNGUEZ | Santa Cruz de Tenerife

La pelota está de nuevo en el tejado de la Consejería regional de Educación. La Universidad Europea de Madrid (UEM), entidad que promueve la puesta en marcha en La Orotava de la Universidad Europea de Canarias (UEC), registró días atrás su petición oficial de adelantar su actividad formativa en el municipio norteño a septiembre de este mismo año, un curso antes de lo previsto y en un lugar diferente a lo estipulado inicialmente, tal y como adelantó el pasado miércoles DIARIO DE AVISOS. La nueva solicitud pide autorización para ocho grados, las mínimas titulaciones que exige la normativa para arrancar un proyecto educativo de estas características, y va acompañada de un informe jurídico realizado por la firma Gómez-Acebo en el que, según la propia UEM, se corrobora que “la petición es conforme a derecho y que no existe ningún impedimento legal para la implantación provisional del centro”.

El director general de Universidades, Carlos Guitián, confirmó a DIARIO DE AVISOS la entrada de la citada solicitud a la Consejería de Educación, si bien cuando habló con este medio aún no había llegado a sus manos la documentación presentada. No obstante, Guitián puntualizó que ésta será remitida a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que estudien el caso y autoricen o no la petición de dar clases en la fecha y lugar solicitados, aspecto que tendrá que pasar a su vez por los órganos jurídicos de la propia Consejería y “así tener todas las garantías legales”. El director general de Universidades no se aventuró a dar fechas para el pronunciamiento de Educación, pero sí comentó que “será lo más rápido posible”. Guitián puso de relieve que se trata de la segunda vez que la UEM presenta oficialmente una solicitud de estas características, y que ya el Consejo Universitario de Canarias se pronunció, también en sentido negativo, en el mes de diciembre, sobre todo, porque la propuesta incumplía el mínimo de grados que por ley deben ofertarse. Ahora, solventado este requerimiento (la nueva solicitud incluye los mismos ocho grados que prevé la ley aprobada en julio de 2010 en el Parlamento de Canarias), sí podría haber otro “escollo”: el emplazamiento de la universidad privada recogido en el anexo de la citada normativa, tal y como apuntó el propio Guitián, quien, de todas formas, matizó que desconocía el contenido del informe jurídico aportado por la UEM y si este nuevo “matiz” se ajustaba o no a derecho. Ese emplazamiento del que habla Guitián es el que está estipulado en la ley, según recordó; es decir, la parcela anexa al centro comercial de San Agustín, en el casco de La Orotava; sin embargo, la obra del edificio proyectado allí aún no ha comenzado y permanece en estos momentos durmiendo el sueño de los justos por los problemas para captar financiación que está teniendo el promotor de los trabajos, la asociación empresarial Apymevo. Precisamente, éste ha sido el motivo por el cual la UEM ha decido optar por la vía de adelantar su actividad formativa en un sitio provisional (una casona de la Villa, el inmueble conocido como Casa Salazar).

Si finalmente este “escollo” impide la autorización por parte de la Consejería de Educación, no quedaría más remedio que una modificación en el Parlamento para cambiar el lugar original, aspecto que retardaría los trámites y no facilitaría la apertura del curso para septiembre de este mismo año.

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El reconocimiento de la UEC ‘caduca’ en 2015

Si finalmente no cuaja la solicitud para comenzar sus clases en septiembre, al centro superior de carácter privado que prevé instalarse en La Orotava le quedaría hasta el año 2015 para pedir la preceptiva autorización e iniciar sus actividades docentes. La ley de reconocimiento de la UEC, aprobada por unanimidad en julio de 2010, es clara al respecto, como se recoge en su Disposición Adicional: “La Universidad Europea de Canarias (UEC) solicitará la autorización para el inicio de sus actividades en un plazo no superior a los cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley. En el momento de realizar dicha solicitud, la Universidad deberá acreditar que se cumplen los compromisos adquiridos por la entidad promotora en la memoria que acompañó la solicitud de reconocimiento y que han sido verificados los títulos universitarios oficiales que expide la misma (…)”.

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