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El director general de los Mossos d’Esquadra, imputado por el desalojo de plaza Catalunya

Los acampados en la plaza de Cataluña de Barcelona se resistieron al desalojo de los Mossos d'Esquadra. | EFEs | EFE


EUROPA PRESS
| Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona ha citado a declarar como imputados al director general de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, y a la exconcejal de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp (PSC) por el intento de desalojo y carga policial del 27 de mayo en la plaza de Catalunya contra la acampada de ‘indignados’, que derivó en una batalla campal entre los acampados y los antidisturbios con más de cien heridos.

El juez admitió a trámite hace más de un mes la querella que presentaron 56 personas desde la comisión penal de la acampada ‘indignada’ -que permaneció en este enclave más de un mes- contra Prat y Escarp, que ahora deberán declarar ante el juez, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

También ha sido imputado el intendente de la región metropolitana, Antoni Antolín, y el responsable de la Brigada Móvil, David Bordas.

La querella incluía al conseller de Interior, Felip Puig, pero no será investigado por su condición de aforado, ya que en todo caso debería hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Para el juez, los hechos son merecedores de ser investigados

Según consta en el auto de admisión de la querella, el juez ve que los hechos que se denuncian son merecedores de ser investigados para valorar si ha habido una “presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión”.

Según recoge la interlocutoria, los querellantes aseguran que la policía entró esa madrugada en la plaza Catalunya con el ánimo de desalojarla sin notificarlo previamente “para realizar trabajos de limpieza y retirada de objetos peligrosos”.

Muchos de los acampados no obedecieron las órdenes y se quedaron en el lugar por la “actitud intimidatoria de los policías” y para proteger sus objetos personales.

Allí, los agentes retuvieron a los ‘indignados’ que se quedaron, y que recibieron, según el auto, “un trato intimidatorio, amenazador y vejatorio con amenazas de cargas policiales y prohibiéndoles ir al lavabo y comer”.