LA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CANARIO >

El plan presentado a Madrid prevé la extinción de siete entidades

Imagen de archivo del consejero responsable del plan elaborado la pasada legislatura, Jorge Rodríguez (i), con el presidente Paulino Rivero. / DA

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias está profundizando en el plan de reestructuración de su sector público aunque nada se ha informado sobre el contenido de dicha profundización. Por lo tanto, el proyecto en vigor es el que le consta al Ministerio de Hacienda. Este documento contempla la extinción de siete entidades, cuatro sociedades y tres fundaciones. Pero la reducción neta se queda, de momento, en seis al crearse Las Palmas de Gran Canaria 2016, S.A., destinada a promocionar la candidatura de la ciudad como capital de la cultura europea, que finalmente recayó en San Sebastián. Este ente también desaparecerá.

Canarias, como el resto de las autonomías, se vió obligada a aprobar una plan, en marzo de 2011, de reestructutación del sector público para cumplir con el acuerdo adoptado, un año antes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ese acuerdo, denominado marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales, plasma una serie de compromisos presupuestarios destinados a avanzar en el ajuste estructural de las administraciones públicas. En ella, todas las comunidades se comprometieron a elaborar planes de racionalización.

Nueve meses después de que el Gobierno canario aprobara su Plan de Medidas de Disciplina Presupuestaria para las Empresas Públicas y Fundaciones, según el informe realizado por el Ministerio de Hacienda durante el pasado mes de diciembre, la ejecución real de esta reestructuración es cero.

El Ejecutivo contempla la extinción de cuatro sociedades y tres fundaciones, lo que supone un 6% del total. En el plan de marzo de 2011, se disponía “la extinción inmediata de seis de las 32 entidades que integran el sector público autonómico con presupuestos estimativo… Todos estos procesos de extinción se unen al de Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), cuya disolución ya ha sido solicitada vía judicial” pero no se ha resuelto.

La sociedad PMMT está integrada al 50% por una empresa privada, Cabo Verde de Rafael Bittini, y la entidad pública para la Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno). Su capital social es de 5.409.090 euros. El Gobierno aún no ha comunicado la resolución del proceso judicial abierto para liquidar esta entidad. En el Boletín Oficial del Parlamento regional de 12 mayo del pasado año aparece una comunicación del Ejecutivo sobre el cese de las fundaciones, para la Promoción de la Educación, y la del Conservatorio Superior de Música, “sin que se tenga constancia de que se hayan materializado”, a fecha de comienzos de julio de 2011. El pasado jueves, el portavoz gubernamental, Martín Marrero, aseguraba que ya se habían eliminado las tres previstas. La última es la de la Prevención e Investigación de las Drogodependencias.

Las cuatro sociedades afectadas por este proyecto, además de PMMT, son los Congress Bureau de Maspalomas y Tenerife Sur, creadas para gestionar los palacios de congresos de ambas localidades turísticas. La primera tiene un capital social de 4.228.120 euros; el de la segunda, 3.606.072 euros.

Saturno tampoco ha podido se liquidada al estar inmersa en el mismo proceso judicial de PMMT. Su capital social es de 4.796.076 euros.

Con este plan, el Ejecutivo pretende ahorrar unos 96 millones de euros. En 2012 se estimaba que recortaría un 15% esta aportación, es decir, unos 30 millones de euros. En 2013 se reducirá un 5% y en 2014 otro un 5%.

La cuantía de ahorro total por este recorte ascenderá a un total de 82 millones de euros en los tres años. Los restantes 14 millones de euros deben venir del recorte de las cantidades que se ingresan a estas seis entidades públicas de la Comunidad Autónoma en forma de encomiendas de gestión.

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La propuesta del Ejecutivo regional, en términos relativos, es de las más suaves

El Gobierno canario defiende el recorte de su sector público con el argumento de que su dimensión es de las más pequeñas del Estado. En la documentación del Ministerio de Hacienda, 16 autonomías han presentado un plan de reestructuración. Las ausentes son Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Canarias, con 97, figura como la décima región por el número de entidades que dispone. Por detrás están Castilla y León (93), Castilla-La Mancha (86), el Principado de Asturias (81), Extremadura (76), Cantabria (68) y La Rioja (33).

Las autonomías con el sector público más voluminoso son Cataluña (456 entidades), Andalucía (377), la Comunidad de Madrid (183), las Islas Baleares (176) y Galicia (160).

El plan del Ejecutivo presidido por Paulino Rivero supone una reducción del 6,2% sobre el total de los entes disponibles. Tomando como referencia este valor relativo, el adelgazamiento del sector público canario, que no implica despidos de trabajadores, según el Gobierno canario; es de los más livianos.
De 14 regiones que concretaron el número de cierres, Canarias es la tercera por la cola. Solamente Castilla y León (2,2%) y el Principado de Asturias (1,2%) presentan valores más pequeños.

Sin embargo, Castilla-La Mancha ha decidido eliminar el 55,8% de sus entes. Se coloca en primer lugar seguida de las Islas Baleares, con el 52,8%; Murcia, con el 47,3%; Andalucía, con el 29,4%, y Galicia, con el 28,8%.

Combinando todos los procesos de reordenación de las autonomías, está prevista la baja de 595 entidades y el alta de 81, por lo que el efecto neto será de una reducción de 514 entes. Las altas, en su mayoría, se producirán como consecuencia de operaciones de fusión o transformación. De cumplirse este plan de adelgazamiento del sector público, la disminución más significativa se producirá en el número de consorcios, que se reducirá en 226, un 35,5% de los incluidos.

Respecto a las sociedades mercantiles y fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, la liquidación será de 158 y 94, respectivamente.

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