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La administración integrada > Jaime Rodríguez-Arana

Ahora que soplan vientos de cambios, de transformaciones económicas, políticas y sociales, ahora que se anuncian medidas de reforma administrativa, no está de más tener presente la realidad constitucional. Una realidad, en nuestro caso, que ha diseñado un modelo de Estado en el que el poder público se reparte entre el propio Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales. Estos gobiernos y administraciones, además, comparten numerosas competencias en las que una misma materia puede ser objeto de funciones y facultades distintas según la intensidad y naturaleza del interés general en juego.

Efectivamente, tenemos competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias compartidas entre Estado y comunidades autónomas. Por lo que se refiere al ámbito local, la disposición de sus competencias se halla en las Cortes Generales en todo lo relativo a su conformación general y a los parlamentos autonómicos en lo que se refiere a los contenidos sectoriales. Este esquema, pensado para un ejercicio de diálogo permanente y para un contexto de relaciones interadministrativas e intergubernamentales presidido por el principio de lealtad institucional, hoy, tras el desarrollo y el recorrido alcanzado, necesita ser reformado porque se ha instalado, en no pocos aspectos, en la irracionalidad y en una aspiración obsesiva por reproducir la estructura del Estado-nación. Por eso, antes de proceder a desarrollar un programa de clarificación administrativa estudiando la procedencia y funciones de cada órgano público en cada nivel de gobierno es menester trabajar en la reforma de la Constitución. Ya decía Werner que el Derecho Administrativo es el Derecho Constitucional concretado. Por tanto, si el modelo constitucional territorial sigue siendo indefinido y abierto, se impone, con el mayor acuerdo posible, un esfuerzo de concreción para que cada Gobierno y cada Administración preste mejor sus competencias y así puedan realmente servir mejor al interés general.

Las medidas que están adoptando los nuevos Ejecutivos autonómicos y locales demuestran hasta qué punto el despilfarro, la ineficiencia y el ansia de perpetuación dominaron a los gobernantes de estos espacios territoriales. Subvenciones absurdas, multiplicación injustificada de órganos, obras públicas innecesarias, aumento de los empleados públicos, son algunos de los resultados de esta forma caciquil y clientelar de ejercicio del poder en que ha derivado el esquema autonómico. Un modelo, insisto, adecuado para nuestra realidad territorial y para que el poder público se pueda ejercer mejor y en las mejores condiciones posibles. En general, la evolución del modelo trae causa del uso de las instituciones públicas, no tanto para atender mejor las necesidades colectivas de la gente cuanto para la instalación continuada en el poder.

En este contexto, se toleró, hasta se jaleó en algún momento, el recurso a la deuda como forma ordinaria de financiación de actividades públicas pensadas para el control y la manipulación social. Ahora, como la burbuja explotó, es menester una cura absoluta de austeridad y se precisa reducir como sea el aparato público. Pues bien, en este contexto, además de penalizar a quienes gasten lo que no disponen, es fundamental, a mi juicio, trabajar pensando en el futuro. Si ponemos un parche, dentro de unos años, cuándo cambie el ciclo económico, volveremos a las andadas.

Por tanto, reforma de la Constitución, racionalidad, eficiencia y equidad. Claro que hay que suprimir, y no poco, un sector público elefantiásico. Pero no podemos olvidar que el modelo autonómico tiene una finalidad y una funcionalidad que no se puede desconocer. El café para todos sin más es peligroso. Necesitamos, no pintores de brocha gorda, sino pintores que tengan sentido del contexto, de la perspectiva, y que sepan, no es poco, reflejar la entera y compleja realidad que les rodea.

* Catedrático de Derecho Administrativo | jra@udc.es