TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El equipo de los especialistas que la Policía Judicial de la Guardia Civil asigna a los delitos contra las personas reactivó desde hace más de medio año la investigación sobre el llamado caso Marisa, un asunto aún no resuelto por las autoridades que data de septiembre de 2003 y que se abrió tras la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de una vecina de San Juan de la Rambla de 36 años a las que todos conocían por ese nombre.
Fuentes de la Comandancia provincial del Instituto Armado detallaron ayer a este periódico que la reactivación de este caso se produce, por una parte, gracias al alto nivel de efectividad que reduce a un número muy bajo el de asuntos de este calibre que permanezcan sin resolver. Por otra, es el perfeccionamiento de las técnicas de investigación los que hacen viable que un nuevo análisis de los restos orgánicos relacionados con el tema arrojen luz al respecto.
Aunque el portavoz oficial consultado mostró la reserva debida a una investigación en curso, sí detalló la esperanza de los especialistas aludidos en que, cuando lleguen los resultados de los nuevos análisis toxicológicos, éstos podrán servir de base para acusaciones.
Como recordarán los lectores, María Isabel Hernández salió de su casa a hacer un recado el 9 de septiembre de 2003. A pesar de que era un recorrido habitual a la luz del día y en su pueblo de toda la vida, alguien se cruzó fatalmente en su vida. La joven fue vista por última vez cerca de la plazoleta de Las Ramblas, sin duda el corazón de este municipio norteño.
Malos presagios cumplidos
Sus inmutables costumbres y la discapacidad que padecía Marisa convenció a la Guardia Civil que había motivos para la alarma, y la desaparición se catalogó inmediatamente como de alto riesgo. Tales presentimientos se cumplieron cuando apareció el cadáver flotando frente a la costa de un paraje conocido como Las Aguas.
Lo peor fue desvelado por la autopsia. Aunque algunos de los golpes que presentaba eran fruto del mecer de las olas contra las rocas, otros eran signo inequívoco de una muerte violenta. El informe del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife también puso en evidencia que había sido violada.
Lo cierto es que el trabajo de la Guardia Civil tras el crimen desembocó en el arresto de un sospechoso cuyas declaraciones, según denunció la familia, estaban trufadas de contradicciones, pero la ausencia de pruebas hizo firme la presunción de inocencia y quedó libre.
Ahora, el propio Ayuntamiento de San Juan de la Rambla se ha pronunciado para que los análisis en cuestión finalicen lo antes posible y, al fin, se haga justicia.
