Los afectados del ERE de Viviendas afirman que fueron “engañados”

AGUSTÍN M. GONZÁLEZ | Santa Cruz de Tenerife

Los nueve trabajadores de Viviendas Municipales de Santa Cruz afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), expresaron ayer a DIARIO DE AVISOS su indignación con las formas utilizadas por el Ayuntamiento, y afirmaron a través de un portavoz que se sienten “engañados” porque los representantes de los trabajadores y de la empresa municipal firmaron un acuerdo sin contar con los afectados y sin informarles si quiera. “Puede ser legal, pero no ético ni moral”, indicó ayer uno de los implicados, quien agregó que “ni los despedidos ni los que se quedan nos sentimos representados por este comité”.

El asunto se tratará el viernes en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz y, por lo visto esta semana en la Comisión de Control, el gobierno local no está dispuesto a dar marcha atrás a sus planes, a pesar de la presión que están ejerciendo la oposición en bloque, que califica la decisión de “errónea y desafortunada”. “Da la impresión de que el gobierno no comparte al cien por cien la medida pero no se atreven a desautorizar a la concejala”, comentó el portavoz. A la vista de que parece agotada la vía política, los afectados han decidido presentar un recurso conjunto ya que estiman que hay otras alternativas para buscar el ahorro económico que pretende el gobierno con la reorganización planeada de la empresa de Viviendas Municipales.

En concreto, apuntan como alternativas “que la empresa busque ingresos propios, que al menos tres empleados se acojan a prejubilaciones, revisar la asistencia médica, las ayudas escolares y el plan de productividad; y despedir al único empleado temporal que actualmente está en la empresa, que es la secretaria particular de la concejala, contratada en agosto”.

El ERE afecta a 9 de los 29 trabajadores de Viviendas Municipales, de los departamentos de Ventas, Convenio de Damnificados y Administración. Los distintos partidos en la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz (Por Tenerife, Ciudadanos, Alternativa Sí se puede y Partido Popular) solicitaron a la concejala de Viviendas, Ángela Mena, la reincorporación de los nueve despedidos. La edil argumentó que la plantilla de la empresa “está sobredimensionada” y que son necesarias medidas al respecto, “puesto que desde 2007 las cuentas están siendo negativas”. Apuntó que los nueve despidos suponen un ahorro de unos 250.000 euros.

El concejal Pedro Fernández Arcila (Sí se puede) aseguró que las perdidas de la empresa obedecen a que el Ayuntamiento no abona desde hace años las cantidades que le corresponden.