EFE | Las Palmas
El Gobierno de Canarias destinará 22,6 millones de euros para financiar los servicios sociales básicos que prestan los 88 municipios canarios y con los que se pretende atender a unas 300.000 personas, cifra similar a la de 2011, y mantener más de 2.000 puestos de trabajo.
Así lo ha informado hoy la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas, tras firmar el acuerdo de financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas con el presidente de la Federación Canaria de Municipios, Manuel Ramón Plasencia, que también fue rubricado por el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.
Plasencia ha expresado que el acuerdo supone “una gran satisfacción” para los municipios, por lo que ha agradecido al Gobierno el esfuerzo que ha hecho para mantener estos servicios destinados a cubrir las necesidades de las familias con menos recursos económicos.
Tras el acuerdo suscrito, que además supone una mejora en la gestión destinada a cubrir las acciones dirigidas a los menores, cada ayuntamiento firmará un acuerdo para recibir la financiación estipulada en función de los criterios fijados, ha explicado Rojas.
Según el acuerdo, el Gobierno destinará 9 millones para dar cobertura al Plan Concertado de Servicios Sociales; 3,7 millones a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales; 2,2 millones a las líneas de atención derivadas del plan de atención integral del menor; 4,5 millones de apoyo a la Ley Canaria de Inserción; y 2,9 millones de euros para el fomento de acciones derivadas del Plan Integral del Menor.
De esta manera, los ayuntamientos se ocuparán de ofrecer información, orientación y asesoramiento; la ayuda a domicilio; el alojamiento y la convivencia cuando sea inviable en la unidad familiar; la prevención e inserción laboral; la emergencia social y la cooperación social y fomento de la solidaridad.
En cuanto al Plan Integral del Menor, según el acuerdo, se mantendrán los centros de servicios sociales y unidades de trabajo social de zona, los servicios de día que dan guarda y protección a los menores cuyos padres necesiten ser apoyados en sus tareas parentales, así como los equipos territoriales especializados par la atención de menores en situación de riesgo.