Canarias tiene el enorme privilegio de contar con cuatro parques nacionales, numerosos parques naturales y la mitad de su territorio protegido, así como una rica biodiversidad. Lejos de ser un problema, debe constituir una oportunidad para la calidad de vida de su gente y para el desarrollo económico, por lo que suponen de polo de atracción para los que nos visitan. Junto a ello tenemos playas de primer nivel y una climatología única que, especialmente, estos días invernales en que Europa se congela, convierten a las Islas en referencia para millones de turistas.
He señalado en numerosas ocasiones, y así figura en distintos documentos de mi organización política, que una pieza clave para el desarrollo sostenible de nuestro Archipiélago es la forma en que deseamos ocupar y preservar nuestro territorio. Destacando, por otra parte, que la fragilidad de los sistemas insulares nos obliga a ser responsables y a no hipotecar el bienestar de las generaciones futuras. En las últimas fechas se habla mucho en los medios de comunicación sobre la necesidad de modificar las leyes en materia territorial, a las que de forma poco sustentada se las acusa de la actual parálisis económica, cuando esta viene fundamentalmente determinada por la falta de liquidez de las empresas y las dificultades de acceso al crédito, así como por problemas en la demanda, Lo que queda confirmado por la parálisis de proyectos aprobados y con todas las bendiciones administrativas y que, sin embargo, no han podido ser puestos en marcha por razones económicas. Desde Nueva Canarias compartimos el espíritu de las directrices de ordenación general, aprobadas unánimemente por el Parlamento canario, que apuestan por la conservación de los recursos naturales y de los suelos, sean de interés agrario, litorales o de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. Unas directrices que en lo que se refiere al urbanismo en las ciudades, promueven el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado, impidiendo la extensión y la dispersión residencial, y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda.
Igualmente, seguimos considerando esenciales las directrices de ordenación turística, centradas en la renovación de la planta alojativa obsoleta, la diversificación y cualificación de la oferta, la rehabilitación de la ciudad turística, la formación del personal que trabaja en el sector y la apuesta por una mayor calidad.
Estamos, además, plenamente convencidos de que es posible y absolutamente imprescindible hacer compatible la protección del territorio y de los recursos naturales con el fomento de las actividades económicas necesarias para crear empleo y riqueza.
Sabemos, por otra parte, que apenas una veintena de municipios tiene adaptado su planeamiento municipal a las leyes territoriales; y que, asimismo, hay un importante retraso en la aprobación de los numerosos Planes Territoriales previstos por los Planes Insulares que afectan al normal desarrollo del planeamiento municipal. Esta situación genera incertidumbres y no facilita la actividad económica; y produce innecesarios retrasos. Las razones que explican esta realidad son complejas –desde el proceso de institucionalización del autogobierno a la adaptación a normativa estatal y europea- y no se pueden simplificar. La legislación territorial no es más complicada ni muy distinta al de otros territorios españoles. Además, con estas mismas normas crecimos, y mucho, en épocas bien recientes. Pero reconocemos duplicidades y que hay que mejorar la coordinación y los procesos que se pueden acortar.
Por eso, en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 señalábamos la necesidad de “simplificar y adecuar la legislación territorial, pero sin proceder a la derogación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, como algunos sectores liberales están proponiendo, ni a desregulaciones suicidas que pondrían en peligro uno de nuestros principales patrimonios: el territorio y el medio ambiente privilegiado que poseemos. Por tanto, cualquier reforma debe partir de la reafirmación de la ordenación del territorio como función pública, es decir, como un campo en el que deben tener una importante presencia las administraciones públicas”. Como sucede en todos los países del mundo.
Planteamos, en ese sentido, un Pacto por el Territorio y volver a la senda del consenso y, si es posible, de la unanimidad parlamentaria, en la reforma de las leyes territoriales en vigor, como se hizo con la Ley de Espacios Naturales, la ley de Ordenación del Territorio y la ley de Directrices. Un consenso solo roto por el Ejecutivo del período 2007-2011, al aprobar la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo solo con los votos de los grupos del Gobierno y con una gran contestación profesional y de numerosos colectivos sociales.
Comparto los objetivos que el actual Gobierno se marca para desbloquear y agilizar la tramitación de muchos proyectos urbanísticos. Estoy de acuerdo en la necesidad de agilizar trámites, promover infraestructuras estratégicas y servicios públicos. Pero las excepciones no se pueden convertir en norma, porque se corre el riesgo de que pierda vigencia y valor el planeamiento participado y controlado a través de los instrumentos existentes.
Además, he destacado que hay que tener precaución con este tipo de normas sobrevenidas por el contexto económico, para no deslegitimar ni intervenir sobre otros ámbitos institucionales, como ayuntamientos y cabildos, que tienen sus propias competencias y un sistema de decisiones transparentes y democráticas. De ahí que proponga que exista una delimitación competencial más clara: la competencia territorial debe residenciarse fundamentalmente en los cabildos; los Planes Insulares de ordenación (PIO) deben ser el instrumento fundamental de la ordenación del territorio y de los recursos naturales de cada isla; los ayuntamientos son responsables de la elaboración de sus Planes Generales de Ordenación: y la legislación básica la elabora el Parlamento.
También he venido defendiendo una Cotmac, como organismo suprainsular de control que, con participación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos y representantes de la ciudadanía, vele por la legalidad y evite interpretaciones diversas y contradictorias de la legislación territorial y urbanística en los distintos planeamientos insulares y municipales.
Por tanto, mejorar en agilidad y simplificar los trámites administrativos, sí. Mejorar la seguridad jurídica, también. Pero siempre dentro del cumplimiento de la ley y del respeto a un territorio que es patrimonio de los canarios de hoy, pero asimismo obligado legado a los hombres y mujeres que mañana vivirán en esta tierra. Eso es lo que, de manera firme y consecuente, defenderemos en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones.
*Diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias