Es la gran reforma pendiente de la democracia. Desde Suárez a Zapatero, los sucesivos gobiernos no fueron capaces de meterle el diente a la Justicia y se limitaron a acuerdos puntuales y reformitas coyunturales. González fue quien más se equivocó, en 1985, al cambiar el inicial sentido con que, según la Constitución, era entendido el Poder Judicial y dar paso a la intromisión gubernamental en el mundo de la judicatura. Es verdad que muchos jueces venían del franquismo y que era más que evidente su extracción conservadora. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Luego vinieron las reformas de Ledesma, que sacó a la calle a miles de delincuentes, y de Belloch, con un Código Penal que ha sufrido reiterados retoques por sus vicios de origen, así como los acuerdos de 2001 entre Michavila y López Aguilar para modernizar la Justicia. Así hemos llegado a un exceso de politización de la judicatura (de la que también es un ejemplo la existencia de asociaciones judiciales que se comportan según la tendencia ideológica de sus miembros), del que el ejemplo más palmario es el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales son elegidos por cuotas según el poder de los partidos en el Parlamento, y del Tribunal Constitucional, donde sucede lo mismo. Con el agravante de que muchas de las resoluciones y sentencias responden miméticamente al color político de quienes propusieron o nombraron a los vocales y juzgadores. Hemos llegado así a una gravísima crisis de la Justicia, a la que le faltan medios humanos y materiales, sistemas operativos compatibles, rapidez en la resolución de conflictos e incluso independencia, por la falta de separación de poderes, con la consiguiente mala calidad de nuestra democracia. A todo ello pretende, entre otras cosas, poner coto la reforma anunciada por el ministro. No sé si Gallardón ha entrado en el Ministerio como elefante en cacharrería; pero su recetario de cambios responde al programa electoral del PP y a la racionalización y puesta al día de nuestra Justicia, con la incorporación de tasas para los recurso de segunda instancia -a fin de evitar tanta litigiosidad-, la introducción de la condena permanente revisable para delitos de gran alarma social, la revisión de la Ley del Aborto para que las menores no puedan interrumpir el embarazo sin permiso de sus padres, la reforma de la Ley del Menor y del sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ -que dependerá en exclusiva de los jueces-, la tipificación de los delitos por mala gestión de los recursos públicos, etc. Y era hora, y ojalá que estos pasos sean el principio de una gran y consensuada revolución judicial.