M. F. | Santa Cruz de Tenerife

Las reacciones a la reforma financiera aprobada recientemente por el Gobierno no han hecho nada más que empezar. El delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Jerónimo Barrera, explicó ayer que las dos cajas canarias, incluidas en Banca Cívica y Bankia, cuentan con “suficientes activos como para afrontar su futuro sin necesidad de fusionarse. Tienen dotación de capital suficiente para hacer frente a las provisiones” exigidas en el documento de reforma financiera.

El proceso de saneamiento de las entidades está valorado en 50.000 millones de euros en un ejercicio, una cantidad que será imposible alcanzar por algunos bancos, lo que provocará “fusiones en cascada”. Sin embargo, Barrera está convencido de que ambas entidades canarias tienen estructura y capacidad para no recurrir a la fusión porque, además, “comenzarían a perder su carácter social”.

Barrera criticó el hecho de que desde el Gobierno se “fomenten” las fusiones”. El Ministerio de Economía le otorgará a las entidades en proceso de fusión condiciones más flexibles. Los plazos serán extremadamente rápidos para presentar proyectos y las solicitudes hechas al Banco de España, resueltas en un plazo máximo de un mes. A partir de ahí, las entidades fusionadas podrán realizar las dotaciones en dos ejercicios.

Para el delegado de Ausbanc en Canarias, esto supondrá la “pérdida de competencia entre la banca” para que al final queden en España “no más de 4 o 5 entidades financieras”. “El Gobierno tiene un extraño empeño en fusionar la banca, lo que supondrá un grave perjuicio al consumidor, que es la pieza clave de la economía”.

Además, estas fusiones traerán consigo el cierre de oficinas y miles de despidos. Banca Cívica, por ejemplo, ya estima la pérdida de 1.400 empleos y el cierre de 156 oficinas. “Debemos exigir actuaciones más profesionales. La banca”, prosiguió, “lleva lucrándose de manera ilegal durante años, con productos financieros tóxicos, como los swaps, y esto ha terminado por arruinar no solo a empresas sino también a muchas familias”. Barrera culpó de esta situación al Banco de España que “permitió todo esto sin hacer nada”.

El delegado de Ausbanc propuso, además, parar las ejecuciones hipotecarias como vía para descargar a los bancos de los activos inmobiliarios.