BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

La ofensiva del Gobierno de Canarias contra el Ejecutivo estatal del Partido Popular (PP) por la próxima reactivación de los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ya está decida. El gabinete de CC-CCN-PNC y el PSC denunciará a la Administración central ante la Audiencia Nacional por la vía de lo contencioso-administrativo al tiempo que defenderá sus competencias en el Tribunal Constitucional (TC).

La estrategia del Gobierno de Canarias comenzará a encarrilarse una vez que el Parlamento autonómico vote próximamente la comunicación del Ejecutivo. Un documento en el que se exponen los argumentos para defender, por las vías legales posibles, los planteamientos de la Administración gubernamental. Aunque la comunicación deja sin concretar estas vías, fuentes del Ejecutivo regional confirmaron que se trata de la Audiencia Nacional y el Constitucional.

Para hacer efectivo el recurso contencioso-administrativo, el Ejecutivo canario tiene que esperar a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de José Manuel Soria publique la correspondiente disposición.

El Gobierno utilizará dos argumentos. El primero alegará que el expediente de convalidación del Real Decreto de 2001, con el que se pretende reactivar ahora los permisos de investigación a Repsol en base al proyecto de convalidación paralizado de 2005, ha caducado. También se dirá que los defectos medioambientales exigidos no han sido subsanados.

El procedimiento administrativo empleado ahora por el ministerio pretende convalidar el Real Decreto, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2004 al “no haber determinado expresamente las medidas de protección medioambiental”. El Ejecutivo regional sostiene que la convalidación planteada “excede de su marco de subsanación al incluir cuestiones nuevas”, que, según el Ejecutivo, deben seguir los trámites procedimentales que requieran dichas novedades. Pero además la “subsanación de deficiencias” en el orden medioambiental “ha de ser material”, es decir, que “no puede surtir efecto mientras no se verifique su adecuación a la realidad actual que se pretende proteger”.

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El amparo del Estatuto y las leyes de aguas e hidrocarburos

El gabinete autonómico sostiene que, en aplicación del Estatuto de Autonomía, la ley de aguas canarias y, en concordancia con la misma, de la ley del sector de hidrocarburos, todas ellas” normas del ordenamiento jurídico estatal que el Estado “debe reconocer y respetar”, las competencias para otorgar las autorizaciones de exploración “se entienden atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Pretender que en el 2012, según el Gobierno, “todo siga igual”, que en 2001 y 2005, “no respeta” los principios de seguridad jurídica y “hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general”.

En este periodo, añade, el Ejecutivo regional ha reivindicado sus competencias en el mar impugnando, entre otras, la ley del sector de hidrocarburos. También ha entrado en vigor la ley de aguas canarias y la protección del medio ambiente canario, agrega, “se ha reforzado” con la declaración de Zona Especialmente sensible por la Organización Marítima Internacional. En estos términos “desempolvar” un expediente de hace siete años, y pretender su tramitación tal cual, indica una “falta de respeto al derecho que no parece revestido de buena fe”, según el Gobierno.

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