JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Inspector de Sanidad y miembro del cuerpo de funcionarios de la Comunidad Autónoma, Guillermo Díaz Guerra lleva poco más de un mes al frente de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife. En ese tiempo, ya ha podido comprobar la “envergadura” del cargo y las dimensiones de una misión que afronta con ilusión y dos premisas: la transparencia y el diálogo.
-¿Cómo se ha encontrado la Subdelegación a su llegada?
“Me la he encontrado bien, en cuanto a recursos humanos y materiales. La Administración del Estado es la menos conocida de todas las administraciones. No se percibe como cercana, porque es enorme. Tiene una estructura de una dimensión muy grande, pero la gente que trabaja aquí está muy bien formada”.
-¿Cuáles son sus prioridades?
“Pretendemos abrir las puertas de la Administración a toda la ciudadanía. Y estamos hablando de más de 2.000 funcionarios y muchas competencias, directas e indirectas. No será una tarea fácil. Además, como prioridades comunes del Gobierno del Estado, tenemos la dinamización económica y la creación de empleo. Y eso, a nivel provincial, se traduce en la optimización de los recursos, la mejor coordinación entre las administraciones y el consenso en los acuerdos”.
-En materia de seguridad, preocupa el déficit en el Catálogo de Puestos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿En qué situación estamos ahora mismo?
“Esa fue una de mis primeras preocupaciones cuando llegué al cargo. Por eso me reuní con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, y su respuesta fue muy positiva. Lejos de aquel discurso de insuficiencia de recursos humanos de hace unos años, ahora la fotografía es diferente. En la Policía, la plantilla está cubierta prácticamente al 95%, que es la cifra que demanda la población y actividad que tenemos ahora. En la Guardia Civil sucede prácticamente lo mismo. Tenemos una promoción que saldrá antes del verano, y vamos a cubrir las vacantes por traslados que se hayan podido producir”.
-En esa línea de diálogo que predica, ¿está también la delimitación de competencias y solución de los problemas generados a raíz de la creación de la Policía Autonómica?
“No es el momento de malgastar los recursos, por lo que no va a haber superposición de competencias. Las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están claramente delimitadas, y vamos a evitar que haya gastos innecesarios y conflictos”.
-Pero su partido siempre se ha opuesto al cuerpo autonómico…
“A nivel personal, no puedo pronunciarme. Y, en este caso, es una prioridad de la Comunidad Autónoma, donde no gobierna el Partido Popular. Su creación y financiación es un tema en el que no puedo ni debo entrar”.
-En los últimos años ha descendido notablemente el número de inmigrantes que ha llegado de manera irregular. Sin embargo, siguen existiendo problemas con las repatriaciones y reagrupamientos familiares, básicamente por la falta de coordinación entre las administraciones…
“La inmigración ha existido siempre en Canarias, y probablemente seguirá existiendo, pero no con tanta intensidad. Existe un Reglamento de Extranjería, que establece claramente las condiciones de permanencia de esas personas, y nuestra prioridad será que se cumpla con la máxima agilidad y rigurosidad. Es verdad que, dada la complejidad de los procesos, a veces se dilatan mucho. También debemos mejorar algunos protocolos de trabajo, pero diariamente seguimos firmando órdenes de expulsión y enviando inmigrantes a sus países de origen”.
-¿Tiene constancia de que se hayan producido incidentes en el centro de menores Valle Tabares?
“No. En los dos meses que llevo aquí no he recibido ningún parte policial al respecto. Me han comentado que existe un conflicto laboral en el centro, que quizá pueda motivar que salgan a la luz hechos de hace tiempo”.
-También en materia de violencia de género, las víctimas se quejan de la complejidad de los procesos y la mala coordinación entre los órganos judiciales, policiales y la Administración…
“La delegada del Gobierno dijo en su discurso de posesión que era una prioridad trabajar el diálogo y la coordinación entre las administraciones. En esta Subdelegación hay una unidad específica y un protocolos firmado con los ayuntamientos, para agilizar las actuaciones en materia de violencia de género. De nuestra mano sólo está el seguir trabajando en la prevención, hasta que los casos de este tipo queden sólo en la memoria histórica”.
-Y esa coordinación, ¿será posible a nivel político?
“Quien gobierne en un sitio u otro, no debe ser un obstáculo, porque debemos estar por encima de fobias, filias y colores políticos. Esa es una de las misiones que nos han encargado, porque aquí no estamos representando a un partido, sino a todos los ciudadanos”.
-La delegada del Gobierno también dijo que se sigue trabajando en los casos de menores desaparecidos, como los de Yéremi y Sara Morales. En Tenerife también está el de la joven Marisa Hernández, cuyo asesinato aún es una incógnita…
“La delegada nombró casos concretos, pero el espectro es mucho más amplio, y no vamos a escatimar ni dejar en una gaveta ningún caso abierto. El hecho de que no se hable de ellos no quiere decir que estén olvidados”.
-¿Qué le pareció la conducta de la policía en Valencia? ¿Algo así puede darse en Tenerife?
“El derecho a pedir y manifestarse es lícito. Y el 99% de las personas que se concentran lo hacen por una demanda real, la de salvaguardar y exigir sus derechos. Pero también hay una minoría que acude a las manifestaciones con el ánimo de desvirtuarlas. La policía hace su trabajo, y sabe lo que tiene que hacer, como también lo saben los que se concentran. Y si hay problemas, todos salen perdiendo; pero no podemos quedarnos con la carga, la represión o los golpes, porque se desvirtúan las peticiones reales de la gente”.
-¿Qué le diría a aquellos que creen que ésa es la línea que se seguirá a partir de ahora?
“Que no es así. La principal misión de la policía en una concentración es garantizar el ejercicio de esos derechos y velar por la seguridad ciudadana; pero a veces se introducen elementos externos que desvirtúan esas manifestaciones y sus mensajes, porque su intención es otra. Pero para nada hay una línea represora, ni se ha dictado ninguna orden al respecto”.