EFE | Las Palmas

El Juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado el archivo del ‘caso Canódromo’ y ha citado a declarar el próximo 14 de marzo al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), en calidad de imputado por su intervención en la firma de ese convenio urbanístico hace diez años.

El juez ha tomado esta decisión tras comprobar que el Supremo ha devuelto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el procedimiento administrativo por el que se decretó la nulidad del Plan Especial del Canódromo sin entrar en el fondo del asunto, sino simplemente para ordenar que se vuelva a dictar sentencia, por considerar que la anterior no estaba bien motivada.

La reapertura de la causa y la citación del actual alcalde como imputado hizo pensar esta mañana a algunas de las partes del procedimiento que el juez había estimado el recurso de la Fiscalía, puesto que era el Ministerio Público el que había solicitado que se levantara el sobreseimiento y que se citara a Juan José Cardona.

Sin embargo, en el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez instructor aduce como único motivo para revisar su decisión anterior la sentencia del Supremo que devuelve el expediente al TSJC.

Explica, en este sentido, que el archivo de la causa era “provisional”, porque se entendía que el fallo entonces pendiente del Supremo sobre el Plan Especial del Canódromo “podía concretar la tipicidad o no de la práctica totalidad de los hechos que conforman esta investigación”.

Al no haber entrado el Tribunal Supremo en el fondo del asunto, el magistrado considera procedente reabrir las diligencias.

El juez requiera además a las acusaciones para que le digan si, en vista de esta decisión, se ratifican o no en sus recursos, algo que la Fiscalía valorará en los próximos días, porque parte de sus peticiones ya han sido de hecho atendidas, han indicado a Efe fuentes de este departamento.

En su recurso, la Fiscalía Provincial de Las Palmas pedía al juez que reabriera el procedimiento porque consideraba que se había archivado sin suficiente motivación y sin investigar algunas cuestiones relativas a los convenios urbanísticos

De hecho, el fiscal solicitaba en ese recurso que se citase a Cardona a declarar como imputado -como finalmente se ha hecho- porque apreciaba indicios de prevaricación o malversación en los convenios que se firmaron con Inprocansa en 2002, bajo su gestión como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento en aquellas fechas.

En cambio, no apreciaba delito en la decisión posterior de la Corporación de aprobar el plan especial del Canódromo, algo que lleva ahora al juez a acordar que se tramite el sobreseimiento de la causa en lo que concierne a esos hechos, denunciados inicialmente como constitutivos de una prevaricación administrativa.

El Ministerio Fiscal explicaba en su recurso que sus dudas sobre los convenios urbanísticos se basaban en la posibilidad de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vendiera esos terrenos por un precio “muy por debajo del mercado”, como apuntó en su día la comisión municipal que investigó la operación, añadía.

Además, la Fiscalía advertía al juez de que, si no se practicaban nuevas diligencias, cabía la posibilidad de que los delitos que se investigaban en la causa prescribieran en las próximas semanas.

Sin entrar a valorar ese recurso del fiscal, el juez cita ahora a declarar como imputados en esta causa a Cardona (14 de marzo) y al responsable en aquellas fechas de la empresa Inprocansa, Eduardo Fernández Álvarez.